Por Ing. Héctor Castro Gallegos
En Sonora, la minería ya no es solo una actividad económica: es un campo de batalla moral.
Entre el sol que quiebra la sierra y el polvo que se incrusta en la memoria colectiva, una nueva generación de jóvenes está cuestionando el modelo extractivo que durante décadas fue intocable.
No rechazan la minería; rechazan la política que la administra sin conciencia, sin ciencia y sin responsabilidad histórica. Los jóvenes sonorenses que crecieron en pueblos mineros no hablan desde la teoría, sino desde la experiencia. Son hijos e hijas de mineros, de pequeños productores, de comunidades que han generado riqueza para el Estado mientras heredaban pobreza estructural.
Ellos entienden algo que la política ha ignorado: la minería no puede seguir tratándose solo como ingreso fiscal, porque también es salud pública, equilibrio ecológico, justicia social y dignidad territorial. Cuando el poder reduce la minería a números, deshumaniza a quienes viven sobre el yacimiento.
Aquí aparece el conflicto central: una política anclada en el siglo pasado frente a una juventud formada en ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Jóvenes ingenieros, geólogos y ambientalistas saben que hoy existen métodos más limpios, procesos de restauración ecológica y modelos de economía circular.
La ciencia ya ofrece alternativas, pero el poder prefiere la inercia. No por ignorancia, sino por comodidad.
La omisión también es una decisión política. Desde la neurociencia generacional sabemos que estas juventudes piensan distinto: procesan información más rápido, detectan incoherencias con facilidad y no toleran narrativas vacías. Por eso no aceptan discursos que glorifican la minería mientras abandonan a las comunidades.
Para ellos, la verdadera riqueza no está en el metal, sino en el equilibrio entre desarrollo y vida. No quieren cerrar minas; quieren cerrar brechas de injusticia.
La crítica es clara: Sonora no necesita más extracción sin ética, necesita gobernanza con inteligencia científica y participación comunitaria real. Los jóvenes no piden subsidios ni discursos: exigen transparencia, corresponsabilidad y un nuevo pacto minero donde el territorio no sea sacrificio, sino sujeto de derechos.
