Sin Medias Tintas. Omar Alí López Herrera
Debería preocuparnos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue a la antesala de una reforma electoral con una incapacidad técnica y deliberativa de varios de sus integrantes. Aclaro que no se trata de una descalificación ideológica ni de una disputa de visiones constitucionales, sino de un problema de competencia básica en un órgano que debería operar con el máximo nivel de rigor jurídico.
Los errores recientes en el Pleno no son casuales ni aislados. La aprobación equivocada de un criterio sobre pensiones de trabajadores de la CFE, corregida minutos después al advertirse que no había mayoría; el retiro improvisado de proyectos tras protestas; y la confusión reiterada en votaciones y debates mal delimitados revelan algo más profundo que un descuido administrativo.
Este deterioro no puede separarse de la manera en que llegaron sus integrantes. El proceso político que acompañó su elección —celebrado por algunos como una “democratización” del Poder Judicial— tuvo como símbolo esas famosas “listas prediseñadas” —recordemos que el INE documentó 847 denuncias relacionadas con estas listas— que orientaron el voto y sustituyeron la evaluación de méritos por la disciplina electoral.
Hoy el resultado está a la vista y las consecuencias se manifiestan en el Pleno. La ministra Lenia Batres ha sido el ejemplo más visible. Su insistencia en relativizar la cosa juzgada mediante la noción de “cosa juzgada fraudulenta”, defendida sin argumentos sólidos, provocó objeciones y críticas severas de ex ministros y doctrinarios. Y no fue un debate de matices, sino un choque entre técnica jurídica y voluntarismo político. ¿A quién se le ocurre que reabrir sentencias firmes sin criterios claros sea progresismo constitucional? Al menos así entendí el mensaje de respuesta que le envió el ex ministro José Ramón Cossío.
Tristemente el problema no se agota en una ministra. La nueva Corte muestra una incapacidad recurrente para sostener deliberaciones de alto nivel con sus cambios abruptos en el sentido del voto, intervenciones que confunden el objeto del asunto y argumentaciones más cercanas al discurso político que al razonamiento constitucional. En una Corte constitucional eso no es pluralismo, sino precariedad.
La ironía adquiere un tono casi trágico cuando se observa el momento político. La reforma electoral que viene —y que inevitablemente llegará a la Corte— exigirá ministros capaces de analizar reglas de competencia política, equidad en la contienda, límites al poder y derechos fundamentales. Sin embargo, varios de los actuales ministros ya han mostrado su inclinación no como árbitros, sino como actores alineados.
Las posturas públicas y los votos recientes dejan ver una Corte fracturada entre el protagonismo personal y quienes la conciben como una extensión de la transformación. Se están ganando a pulso el mote de “ministros del acordeón”, donde la toma de posición precede al razonamiento, porque primero se decide y después se busca justificar.
El riesgo institucional es evidente, porque esta Corte con insuficiencias técnicas enfrentará la reforma electoral con la desventaja crítica de su credibilidad. Cada error previo se convertirá en un antecedente político y cada pifia será recordada cuando el tribunal deba pronunciarse sobre reglas del juego electoral. Y seguramente la desconfianza no vendrá solo de la oposición, sino de amplios sectores que esperan una Corte capaz de imponer límites y no de seguir guiones.
La paradoja es brutal, porque quienes llegaron bajo la narrativa de la “democratización” judicial hoy exhiben una incapacidad que debilita a la institución que fortalecerían. Y sí la han acercado a la ciudadanía; pero como centro de sospechas.
Siendo optimistas —aunque el optimismo requiere cada vez más esfuerzo—, la Suprema Corte aún puede corregir; pero esa corrección vendrá, si viene, del regreso a lo básico, al estudio serio, deliberación rigurosa y respeto estricto por el procedimiento. Lo contrario sería la confirmación de que el acordeón no fue un accidente del proceso, sino el anticipo del desempeño.
Y si este es el nivel técnico y deliberativo de la Corte que juzgará la reforma electoral y si estos son los ministros que decidirán sobre la arquitectura institucional de nuestra democracia, el problema ya no será solamente de los ministros incompetentes, sino del sistema democrático mismo.
Porque una democracia puede sobrevivir a gobiernos mediocres, congresos ineficientes, e incluso crisis económicas. Pero difícilmente sobrevive a un Poder Judicial que pierde simultáneamente competencia técnica y credibilidad institucional justo cuando más se le necesita como árbitro imparcial.
Y así sí, como advirtieron los constituyentes de 1917 sobre la importancia de un poder judicial fuerte e independiente, nada nos salvará.
