• Reconoció que más de 500 jóvenes yaquis están estudiando una profesión en su comunidad y en su propia lengua.
Guaymas, Sonora, a 22 de enero de 2026
“La construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui es un acto de justicia social y educativa en favor de los ocho pueblos yaquis. Más de 500 jóvenes yaquis están estudiando una profesión en su comunidad y en su propia lengua; conservando su autonomía y su cultura ancestral”, declaró la senadora de la República Lorenia Valles Sampedro.
Luego de asistir a la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad del Pueblo Yaqui y el Instituto Federal de Defensoría Pública, en la localidad de Vícam Pueblo, con la participación de las autoridades tradicionales y cuyo objetivo es promover la vinculación académica y profesional; la legisladora destacó que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui reivindica su valor como pueblo originario, saldando una deuda histórica con sus ancestros.
“El pueblo yaqui fue víctima del despojo de sus tierras y de la persecución a mano del régimen porfirista. Gracias al compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que han continuado la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, se creó un plan de justicia que ha contando con una inversión pública de 18.5 mil millones de pesos entre 2021 y 2025”, mencionó.
Lorenia Valles indicó que la Universidad comenzó sus actividades en 2023, pero la obra concluida fue entregada por la presidenta de la República en diciembre de 2024, destacando una inversión total de 103 millones de pesos. Actualmente, ofrece las licenciaturas en Educación; Medicina y Salud Comunitaria; Ingeniería en Procesos de Producción Sostenibles y Economía Social Comunitaria, y Derecho.
“Desde el ámbito legislativo reconozco tres acciones que hicieron posible esta universidad. La primera acción es la reforma educativa de 2019, que establece la obligatoriedad de la educación inicial hasta la superior. La segunda es la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, incorporando la educación indígena intercultural y plurilingüe. Desde luego, la tercera ha sido asegurar el presupuesto público para su implementación”, concluyó la senadora por Sonora.
