Hermosillo, Sonora; 23 de enero de 2026.— El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora impuso una sanción de inhabilitación por 50 años para ejercer cargos públicos, así como una sanción económica por 134 millones 895 mil 183 pesos, en contra del exfuncionario Juan Alán “N”, por su responsabilidad en faltas administrativas graves relacionadas con el manejo de recursos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora, la sanción deriva de una denuncia por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del exservidor público. A partir de ello, la Subsecretaría de Investigación inició un expediente de presunta responsabilidad administrativa, en el que se realizaron diligencias como comparecencias, análisis documental y auditorías financieras.
Como resultado de dichas investigaciones, se acreditaron conductas consistentes en peculado, por lo que se elaboró el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, mismo que fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa al tratarse de faltas administrativas graves. El órgano jurisdiccional resolvió el pasado 16 de enero confirmar la imputación y dictar la sanción correspondiente.
Medios de comunicación han informado que, además del proceso administrativo, Juan Alán “N” enfrenta investigaciones de carácter penal y actualmente se encuentra prófugo de la justicia, mientras continúan las acciones para su localización.
Asimismo, reportes periodísticos señalan que en el marco del mismo caso, Andrea Fernanda “N”, esposa del exfuncionario, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde enfrenta procesos penales por enriquecimiento ilícito y peculado. Las investigaciones indican que entre 2023 y 2025 se habrían realizado transferencias millonarias de recursos públicos hacia cuentas a su nombre, presuntamente destinadas a la adquisición de bienes y gastos personales.
Autoridades estatales también han informado sobre el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes relacionados con el caso, así como la continuidad de las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en el desvío de recursos dentro del CECOP.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que estas acciones forman parte de la política de rendición de cuentas, responsabilidad y cero tolerancia a la corrupción, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a un gobierno honesto.
