Sin Medias Tintas. Por: Omar Alí López Herrera
Desde que nos estamos transformando, la sentencia que pesa sobre nuestro país no ha sido solo la de la violencia o la mala gestión, también ha sido la de un Estado que se desgasta a la vista de todos y, sin embargo, sigue siendo defendido por miles como si siguiera siendo el proyecto redentor que prometió ser.
La narrativa oficial insiste en que “ya se está acabando con la corrupción” y que la violencia es culpa de Calderón; pero los hechos documentados y judicializados —esa terca realidad—, cuentan otra historia.
Hoy la violencia y la ilegalidad son un paisaje continuo. Homicidios en niveles nunca vistos; actos de terrorismo; robos en carreteras; “errores” de no declarar bienes millonarios; secuestros; extorsiones al por mayor; hackeos a entidades de gobierno; cuerpos embolsados o colgados en puentes; ataques armados en espacios públicos; gente con miedo de salir a la calle y miles de desapariciones configuran un mosaico del fracaso institucional.
Acribillar a jugadores en un partido de fútbol y dejar al menos once muertos debería ser suficiente para evidenciar la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad básica. Y este tipo de episodios se repiten al grado de llamarlos “la normalidad mexicana”.
Ah, pero la tragedia se extiende también a la gestión pública y la corrupción. La detención del presidente municipal morenista de Tequila, Jalisco, por cargos de extorsión, corrupción y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se suma ya a varios casos similares del mismo partido, lo que simboliza la intersección más ominosa entre política local y crimen organizado. Recordemos que no es un hecho aislado, porque varias organizaciones ya habían documentado investigaciones y denuncias que vinculaban a figuras morenistas con presuntos encubrimientos, corrupción sistémica e incluso relaciones con estructuras criminales, y que terminaron siendo ciertas. Ahí tienen, por ejemplo, el huachicol fiscal, que implica a personal de la Marina, Armada de México, y a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar La Barredora, vinculada a extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y huachicol, con nexos con el CJNG.
Todos estos casos configuran protegidas conductas que van desde la corrupción abierta hasta la complicidad con estructuras criminales. Un total desprecio por la ley.
Igualmente, los proyectos de infraestructura emblemáticos han estado marcados por fallas y sospechas de corrupción. El “desplazamiento hacia abajo” de la Línea 12 del Metro, que costó decenas de vidas, o el “incidente de vìa” del tren Interoceánico, con al menos catorcer muertos, evidencian fallas de gestión y opacidad técnica y administrativa que se tradujeron en tragedias humanas.
Y ni hablemos de Acapulco o Poza Rica, en materia de desastres naturales, con una respuesta estatal considerada lenta e improvisada, incluso en un contexto de alerta meteorológica.
La paradoja aquí es que pese al cúmulo de tragedias hay gente que continúa defendiendo al oficialismo. Son actos de fe, escribí hace años; pero ahora agrego que la defensa persiste porque aceptar el cuadro completo implicaría reconocer que la promesa de “cambiar el país sin destruirlo” no sólo no se ha cumplido, sino que ha sido eclipsada por una administración que convive con tragedias públicas y eventos de corrupción, extorsión, impunidad y desprecio por la ley. Lo que nos deja un país atrapado entre la resignación y la lealtad pragmática de defender al oficialismo a pesar de los hechos, no por ellos.
No sufrimos de mala suerte. Sufrimos de la incapacidad de detener la violencia, de la normalización de la corrupción y de la tolerancia a estructuras que deberían estar sujetas a rendición de cuentas. Un proyecto que prometió moralidad terminó entregando tragedias como si fueran inevitables. Y eso, para mí, también es parte de la tragedia.
