Sonora, México.- Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), el uso de menores de edad por parte de grupos delictivos ha comenzado a mostrar una considerable disminución en el estado de Sonora; sin embargo, este problema sigue siendo motivo de atención para las autoridades federales, ya que es una crisis humanitaria y de seguridad grave.
Durante 2025, fueron detenidos un total de 61 adolescentes por su participación en distintos hechos relacionados con actividades criminales, en la mayoría de los casos actuando junto a personas adultas. Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora, explicó que los jóvenes detenidos eran utilizados para desempeñar diversas funciones dentro de estructuras delictivas, desde labores de vigilancia conocidas como ‘halconeo’, hasta la custodia de puntos específicos e incluso el manejo de armas.
En la mayoría de los casos, los menores aceptaban estas tareas bajo amenazas o por miedo de ser castigados físicamente, una práctica común dentro de estos grupos para forzar el cumplimiento de órdenes. 50 de los menores detenidos ya fueron judicializados y enfrentan procesos con internamiento preventivo, conforme a lo que marca la ley para adolescentes en conflicto con la ley.
El delegado detalló que, a partir de la detección de esta problemática, se presentó la propuesta de establecer como agravante el uso de niñas, niños y adolescentes en la comisión de delitos, con sanciones más severas para los adultos que los involucren. Hasta el día de hoy, esta iniciativa ha sido recibida por los legisladores y se encuentra en análisis dentro del Poder Legislativo; se tiene previsto que se concrete en una reforma legal en corto plazo.
Si esta iniciativa se aprueba, permitiría castigar de manera más contundente a quienes obligan o inducen a menores a participar en actividades del crimen organizado. No existe un protocolo formal de reclutamiento de menores, sino que los grupos criminales suelen captar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, que pasan gran parte del tiempo en la calle o carecen de supervisión.
Sergio Méndez hizo un llamado firme y directo a los padres de familia, pidiéndoles que asuman un papel más responsable y activo en la vigilancia y orientación de sus hijos, al considerar que la prevención comienza en el entorno familiar. Para finalizar, el fiscal señaló que las medidas violentas utilizadas con el fin de someter a los menores, así como los castigos físicos, serán consideradas con mayor rigor dentro del marco legal, ya que se tratan de prácticas que buscan someterlos mediante el miedo y la violencia; asimismo, se tiene como objetivo el combatir el reclutamiento forzado, reconociendo a los menores involucrados como víctimas y no solo como delincuentes.
