Por David Parra
En política, las insinuaciones a veces llegan a pesar tanto como las evidencias y en el México de nuestros días, marcado por un ambiente enrarecido ante la creciente infiltración del crimen organizado en estructuras públicas de todo calibre, cualquier alusión indirecta puede convertirse en sentencia mediática.
En ese contexto debe leerse la respuesta inmediata y directa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, frente a las referencias contenidas en el libro de Julio Scherer Ibarra publicado la semana pasada, “Ni olvido ni perdón”, el cual adolece desde sus primeras páginas de objetividad e imparcialidad.
La reacción de Durazo, caracterizado por la prudencia y discreción, no solo es legítima; era necesaria.
Durazo no fue mencionado de forma directa, pero la alusión genérica a “Sonora” en un pasaje vinculado a presuntos esquemas de financiamiento irregular abría un espacio peligroso para la especulación.
En un país ya marcado por la desconfianza en sus instituciones, donde la sospecha suele instalarse antes que la evidencia, dejar sin aclaración pública una generalización de ese calibre no es un detalle editorial: es un riesgo político, así como una admisión tácita de lo señalado.
La exigencia de precisión no es un gesto de fragilidad, sino de responsabilidad institucional.
Y es que el momento nacional no es neutro. Los señalamientos y evidencias sobre las hasta hoy presuntas relaciones criminales hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las controversias en torno a la elección y posterior gestión de Américo Villarreal, o las acusaciones mediáticas alrededor de Adán Augusto López Hernández y el episodio conocido como “la barredora”, todas ellas soslayadas y hasta protegidas por el régimen, han contribuido a instalar la narrativa de una política permeada por intereses ilícitos.
En ese clima, cualquier silencio se interpreta como admisión y cualquier ambigüedad como complicidad.
Por eso es relevante separar planos. Las acusaciones lanzadas por el periodista Luis Chaparro sobre presuntos vínculos mafiosos de Durazo, incluyendo versiones sobre el retiro de su visa estadounidense, no han sido acreditadas de manera alguna y más bien han sido relacionadas con un fuego amigo preocupado por un eventual ascenso político del gobernador sonorense.
En un Estado de derecho, la carga de la prueba recae en quien acusa. Mientras no exista evidencia verificable, lo contrario sería convertir la sospecha en método de condena y los señalamientos carentes de evidencia en especulaciones malintencionadas.
Durazo, además, no es un actor improvisado ni estridente. Su trayectoria pública ha se ha caracterizado por un perfil sobrio, más táctico que reactivo, pero decidido y audaz cuando ha tomado determinaciones radicales.
Incluso en momentos de alta presión política, ha optado por el lenguaje institucional antes que por la confrontación personal. Esa sobriedad explica en parte por qué su nombre aparece de manera reiterada en el consenso nacional cuando se especula sobre un eventual relevo en la Secretaría de Gobernación: no como aspiración declarada, sino como consenso político en torno a su capacidad de interlocución y capacidad operativa.
Defenderse no es victimizarse. Exigir una aclaración pública cuando un señalamiento directo o seesgado deja espacio a interpretaciones que afectan la investidura estatal y el honor personal es un acto de responsabilidad.
En tiempos donde la política mexicana enfrenta el desafío real de la infiltración criminal, la crítica debe ser rigurosa pero responsable, las acusaciones sostenibles y los deslindes inmediatos.
Separar la sospecha del hecho comprobado es hoy una forma de profiláxis democrática, y en este tema, y en este señalamiento, por indirecto y accidental que pudiera resultar como justifica Sherer, Durazo tiene razón en reaccionar al botepronto, exigir explicaciones y desmarcarse de lo que resulte.
@dparra001
