Cafeceando. Por: Octaviano Rojas
Llegó a Sonora el caso del secuestro de la madre de una periodista de Estados Unidos, pues durante los últimos días corrieron versiones de que los delincuentes podrían haberla trasladado a suelo sonorense.
Sin embargo y con base a la estrecha coordinación de nuestras autoridades con agencias como el FBI, ayer el Fiscal Rómulo Salas salió, no propiamente a desmentir las versiones, sino a aclarar que hasta el momento, las autoridades federales del vecino país del norte no contemplan investigaciones o indicios de que la señora se encuentre en nuestro país.
La Fiscalía reiteró que no existe solicitud de coordinación o cooperación para la búsqueda de una ciudadana desaparecida en Estados Unidos, ni por parte del FBI ni de ninguna otra autoridad.
Esto, luego de establecer comunicación con el FBI tras la difusión de esos rumores, y la propia organización estadounidense aseguró que, en sus líneas de investigación, no existe indicio alguno de que la mujer desaparecida pudiera encontrarse en Sonora.
De lo que sí podemos dar constancia, es del éxito del Carnaval Guaymas 2026 “El pueblo está de fiesta”, en donde una vez más la alcaldesa y organizadores se anotaron un diez. Los desfiles muy concurridos y las presentaciones de diversos grupos musicales y artistas en el malecón turístico confirmaron que el pueblo está de fiesta.
El cierre espectacular del Carnaval con Gloria Trevi dejó una marca difícil de superar. Más de 30 mil asistentes no es poca cosa, por ello a leguas se le notaba a la alcaldesa Karla Córdova la satisfacción de haberle cumplido a su gente, al pueblo de Guaymas con estas fiestas carnestolendas. Y apenas terminó el Carnaval 2026, y ya empezaron con la organización del Carnaval 2027.
El trabajo de la doctora Karla Córdova al frente del Ayuntamiento de Guaymas -reitero- le ha permitido acumular peso político que bien podría ser aprovechado para las próximas pizcas electorales. Al tiempo.
En más de política y en asuntos legislativos, el delito de despojo es una herida directa al patrimonio y a la certeza jurídica de las familias. Por ello, la iniciativa presentada por la diputada Ely Sallard Hernández, integrante del grupo parlamentario de Morena, abre un debate impostergable sobre la firmeza con la que el Estado debe responder ante esta conducta.
Desde el Congreso de Sonora, ayer la legisladora propuso reformar el artículo 323 y adicionar el 323 Bis al Código Penal estatal para endurecer las penas y ampliar las agravantes en el delito de despojo. La propuesta no es menor: contempla sanciones de cinco a diez años de prisión y multas de hasta mil UMAs para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia, engaño, amenazas, abuso de confianza o sin derecho, así como en casos de despojo de aguas.
Más allá del incremento punitivo, la iniciativa introduce un catálogo robusto de agravantes que aumenta la pena cuando exista violencia física o moral, rompimiento de cerraduras, forzamiento de accesos o cuando el delito se cometa en contra de personas en condición de vulnerabilidad: adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o integrantes de pueblos indígenas. También se agrava si participan servidores públicos o personal notarial con acceso a información registral, si se emplean documentos falsos, si hay lucro mediante actos de dominio o si intervienen dos o más personas.
El mensaje político es claro: no se trata únicamente de castigar al invasor improvisado, sino de cerrar el paso a redes organizadas que lucran con la incertidumbre jurídica, a veces con la complicidad —o al menos la omisión— de actores con acceso privilegiado a información.
Las cifras que respaldan la propuesta de la diputada Sallard resultan preocupantes: los casos pasaron de un promedio de 80 en 2020 a 363 en 2024, y apenas el 4.3 por ciento ha obtenido sentencia. Es decir, no sólo crece el delito, sino que al parecer la impunidad es la regla.
Sallard Hernández ha señalado que su propuesta se sustenta en un análisis comparado con legislaciones de la Ciudad de México y el Estado de México, entidades con alta incidencia en este delito. La intención es armonizar criterios y fortalecer el marco jurídico local. No obstante, el reto va más allá del diseño normativo: de poco sirve un código más severo si la investigación ministerial continúa siendo lenta, si el registro público es vulnerable o si las víctimas enfrentan laberintos burocráticos para recuperar su propiedad.
En el fondo, la discusión pone sobre la mesa una tensión recurrente en la política criminal mexicana: ¿más penas equivalen a menos delitos? La experiencia demuestra que el aumento punitivo, por sí solo, no resuelve el problema estructural. Sin embargo, cuando el marco legal es insuficiente frente a modalidades cada vez más agresivas y organizadas, su actualización se vuelve necesaria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación. Ahí deberá enriquecerse el debate, ponderar riesgos de sobrecriminalización y, sobre todo, garantizar que la reforma no se limite a endurecer castigos, sino que fortalezca la prevención y la restitución efectiva del patrimonio.
Porque detrás de cada expediente por despojo no hay sólo un predio en disputa: hay familias que pierden su hogar, adultos mayores despojados de su herencia y comunidades que ven vulnerada su tierra.
Sin duda, una excelente iniciativa de la diputada Ely Sallard que seguramente abrirá debate en las Comisiones.
Y ya para terminar, comentarle que de nueva cuenta el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque anduvo por Hermosillo. Se reunió en casa de Gobierno con el gobernador Alfonso Durazo. Hay varias lecturas de quienes saben de política. Que las reuniones en casa de gobierno son muy distintas a las que se realizan en el despacho en palacio de Gobierno. Los temas son distintos. En uno se tratan asuntos de gobierno y en otro se habla de política.
Por eso dicen que a Javier Lamarque puede que le hayan pedido bajarle dos rayitas a sus pretensiones de ser candidato a Gobernador o bien, que le hayan dado luz verde. Con cual versión se queda usted, estimada lectora, estimado lector?
Ah, y dicen que la próxima semana estará en Hermosillo Luis Donaldo Colosio Riojas, el senador de Nuevo León por MC. Vendrá a solicitar su carta de residencia de Sonora? Ya ven que dicen que podría ser candidato al Gobierno de nuestro Estado. Y si así fuera, Antonio Astiazarán ya no sería candidato por MC o daría su respaldo a Colosio? Qué pinchis nervios..!
Muchas gracias por su tiempo.
Mi correo es octaviano07rojas@gmail.com
