Sin Medias Tintas. Omar Alí López Herrera.
Hay cifras que no caben en una mañanera ni en una de esas láminas de PowerPoint con flechitas optimistas. Cifras que no se tapan con la palabra “neoliberal” ni se disuelven acusando a Calderón o a García Luna. Entre 2019 y 2024, la Auditoría Superior de la Federación detectó alrededor de 417 mil millones de pesos pendientes de aclarar en las Cuentas Públicas del sexenio pasado. No es un invento opositor ni una exageración: son cifras oficiales presentadas ante la Cámara de Diputados.
Cuatrocientos diecisiete mil millones. Dicho despacito, con la solemnidad que merece, suena menos épico que cualquier consigna, pero más contundente que cualquier promesa. Es dinero público que no ha sido debidamente comprobado. No significa automáticamente robo —seamos jurídicamente precisos—, pero sí implica una gestión incapaz de explicar con claridad en qué y cómo se gastaron los recursos que todos aportamos.
Para que la indignación no sea solo retórica, conviene colocar el dato en perspectiva. Durante el sexenio de Peña Nieto, la ASF reportó montos pendientes de aclarar por casi 280 mil millones al cierre del periodo. Con Felipe Calderón, las cifras fueron mucho menores. El sexenio 2019-2024 no rompió, sino que superó esa tendencia negativa. Aquí no se absuelve a ninguna administración ni pretendemos hacerlo, simplemente hacemos más difícil el sostener, con honestidad, que “todo cambió”.
Es justo reconocer también los argumentos técnicos de los defensores del oficialismo sobre que son “montos por aclarar” y no sentencias penales. Pero, un gobierno que hizo de la honestidad su principal capital político, ¿puede conformarse con ese argumento como respuesta suficiente? La respuesta, me parece, es no.
El gobierno que llegó prometiendo barrer la corrupción como si fuera polvo terminó acumulando montos “por aclarar” que superan a los de sexenios anteriores. Cifras anuales que oscilaron entre 50 y 110 mil millones de pesos, con un pico notable en 2022 y un cierre de 2024 cercano a los 65 mil millones. Nada mal para una administración que se autoproclamó ejemplo mundial de honestidad. Pero dejemos por un momento el sarcasmo y hagamos el ejercicio que el oficialismo aplica a otros, aunque raramente a sí mismo.
¿Qué se pudo haber hecho con ese dinero? Con 417 mil millones de pesos se habrían podido construir decenas de hospitales de alta especialidad, completamente equipados, no clínicas a medias inauguradas tres veces como en Sonora. Se habrían podido rehabilitar miles de escuelas públicas y dotarlas de infraestructura digital, no solo de pizarrones. Se habría podido garantizar abasto permanente de medicamentos oncológicos, en lugar de administrar la escasez y dejar que organizaciones como Nariz Roja tuvieran que suplicar por los niños con cáncer. También se habría podido invertir seriamente en seguridad pública —esa que no mejoró con los abrazos— para fortalecer policías locales, fiscalías y sistemas de inteligencia. O en agua potable y saneamiento, para que la dignidad básica dejara de depender del código postal.
Pero el dinero quedó flotando en un limbo administrativo donde todo es honesto, según el relato oficial.
La ASF encontró, pese a toda promesa de férrea vigilancia, lo mismo de siempre: expedientes incompletos, exceso de adquisiciones directas, obras pagadas y no concluidas, programas sociales con padrones inconsistentes y contratos poco transparentes. Cambió el color del logotipo, pero no cambiaron las prácticas. Vaya superioridad moral.
Aquí es donde el argumento del “no somos iguales” se vuelve más frágil. Antes se llamaban desvíos; hoy se llaman detalles administrativos. Antes se exigían renuncias; hoy se exige paciencia. Antes se prometía cárcel; hoy se promete que todo se aclarará algún día. El cinismo no desapareció, sino que se redecoró.
¿Qué hacer con esto? La ASF tiene facultades para fincar responsabilidades, la Cámara de Diputados debe exigir informes, y la sociedad civil organizada puede documentar los casos. Pero ante la ausencia de voluntad política para usar las herramientas legales, solo quedaría la presión ciudadana para exigirlo. Ambas cosas son construibles, aunque ninguna sea cómoda ni rápida.
Lo verdaderamente trágico —y aquí el sarcasmo se queda corto— es que los recursos faltantes son vacunas que no llegaron, carreteras que siguen siendo trampas mortales, escuelas sin techos, comunidades sin agua, policías sin equipo y médicos sin insumos. Son, pues, oportunidades perdidas para millones de mexicanos que no viven del discurso.
Cuatrocientos diecisiete mil millones de pesos no son un tecnicismo contable. Son una pregunta abierta sobre el verdadero legado de un gobierno que hizo de la opacidad su práctica cotidiana. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, el sarcasmo no es una exageración, sino la forma mínima de justicia narrativa frente a un exceso monumental de cinismo.
