El zancudo. Por: Arturo Soto
Desde que se anunció la reforma electoral advertimos en este espacio que la iniciativa presidencial no vería la luz. No fue un ejercicio adivinatorio ni profético, sino una conclusión a la que arribamos después de entrevistar a los dirigentes estatales del PT y del PVEM en Sonora, y de tomarle el pulso al debate que se estaba dando sobre ese tema.
Tanto Ramón Flores como Sergio Augusto López visualizaban la reforma como una norma que a la larga reduciría a las fuerzas políticas aliadas de Morena, prácticamente a una condición en la que su propia existencia no estaba garantizada; les hacían ruido particularmente dos temas: el de la reducción presupuestal y de legisladores plurinominales.
Este martes, se discutirá en comisiones el dictamen de la reforma, que viene en sentido aprobatorio y allí pasará sin problemas porque Morena tiene la mayoría necesaria para sacarlo adelante. No es el caso del pleno, donde necesariamente requiere el voto de sus aliados, que hasta el momento se mantienen en la posición de no aprobarla tal y como viene.
El negociador en jefe para convencerlos, Ricardo Monreal, tuvo que reconocer que sus intentos fueron fallidos y que no consiguió los votos suficientes.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum hizo declaraciones admonitorias en el sentido de que ella había cumplido con presentar una reforma que recoge lo expresado por ‘el pueblo’ y que las diferentes fuerzas políticas tendrían que asumir la responsabilidad del sentido de su voto.
Ahí es donde la cosa se puso tensa, porque esas palabras pueden significar muchas cosas, incluida la viabilidad de la alianza con el PT y el PVEM, sobre quienes se ha desatado, desde los sectores más duros de Morena, una campaña en la que se cuestiona la conveniencia de mantener esa coalición, por las dudas que generan los y las legisladoras de esos partidos, renuentes a validar las iniciativas presidenciales tal y como se envían desde Palacio Nacional.
No solo eso, a algunas diputadas y diputados del PT y el PVEM han visto como desde medios afines a Morena, se orquestan señalamientos críticos sobre presuntos actos de corrupción, oportunismo y entre otras cosas, enriquecimiento inexplicable, temas que no habían salido a la luz mientras duró la ‘luna de miel’ aliancista.
La negativa a aprobar la reforma electoral caerá como bomba en Palacio y seguramente llevará a la presidenta a replantearse términos y condiciones de la coalición, en momentos especialmente críticos, cuando está por comenzar la definición de candidaturas a gobernador en 17 estados, pero también a diputados federales y locales, así como alcaldes en todo el país.
Es posible que en varias entidades se privilegien las candidaturas de Morena, regateándoselas a los aliados, tal y como ya los han planteado algunos voceros oficiales y oficiosos de Morena.
El tema, sin embargo, no es tan sencillo. En varios estados, municipios y distritos, Morena no ganaría si se presenta solo a la elección, un lujo que la presidenta no puede permitirse si lo que busca es conservar la mayoría calificada en las Cámaras para la segunda mitad de su mandato, condición indispensable para mantener el proyecto de la 4T con la gobernabilidad necesaria.
Si ya se veía que las negociaciones para la definición de candidaturas serían intensas rumbo al 2027, el debate sobre la reforma electoral escalará esas intensidades en una relación que no es del todo tersa: desde Morena se quejan de que sus aliados se han aprovechado del movimiento para ganar posiciones de poder, y hay quienes los han señalado de ‘gandallas’. Los aliados por su parte, se quejan de que Morena no les hace justicia a la hora de las candidaturas y no considera la fuerza real que tienen en algunas regiones.
El problema pues, ya no estriba en las expectativas sobre la aprobación de la reforma electoral, sino en las eventuales consecuencias de no aprobarla. Ha quedado claro que cuando se lo propone, la presidenta tiene la mano pesadita.
II
Si pensaban que el gobernador Alfonso Durazo solo fue a la grilla partidista en la Ciudad de México el pasado sábado, cuando se llevó a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena, por cierto presidido por él, se equivocaron.
El gobernador aprovechó su estancia en Ciudad Monstruo para firmar un convenio con la administración del Bosque de Chapultepec, para el intercambio de conocimiento, asesoría técnica y buenas prácticas que habrán de replicarse en la operación del bosque urbano La Sauceda, en Hermosillo.
El convenio fue suscrito por la jefa de Gobierno, Clara Brugada y el gobernador de Sonora y permitirá consolidar un modelo de gestión ambiental moderno para La Sauceda, un espacio que tenía al menos un par de décadas abandonado, y que la administración de Durazo rescató para convertirlo en un punto de encuentro familiar para el sano esparcimiento, con vocación ambiental, cultural y recreativa.
El convenio incluye retomar el modelo de administración del Bosque de Chapultepec, que fue inaugurado hace más de cien años y que se mantiene en excelentes condiciones gracias al modelo financiero; en la firma estuvieron presentes autoridades ambientales y representantes del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Son buenas noticias para La Sauceda.
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