Luego de que la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión un Plan B de reforma electoral con el objetivo de reducir privilegios en instituciones políticas y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.
La presidenta subrayó que el rechazo a la reforma electoral no representa una derrota para su administración, ya que consideró que el envío de la iniciativa respondió a un compromiso adquirido durante la campaña presidencial y en el programa político presentado al inicio de su gobierno. “El que no se haya aprobado no es una derrota, yo estoy muy satisfecha”, dijo.
Sheinbaum afirmó que insistió en que la iniciativa fuera votada aun cuando existía la certeza de que no obtendría la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, con el propósito de evidenciar la postura de las diferentes fuerzas políticas frente a la reducción de recursos públicos destinados al sistema electoral.
“¿Ustedes sabían que no se iba a aprobar? Pues sí, todos sabíamos que no se iba a aprobar. Entonces, no es un asunto de castigar o no, la gente ve quién vota qué, eso sí. Ahora la segunda propuesta pues tiene que ver con lo mismo, disminuir los privilegios.”.
La propuesta, dijo Sheinbaum, incluirá la fijación de topes al presupuesto de congresos locales y medidas para revisar el número de regidores en ayuntamientos, con el argumento de que la reducción de gastos permitiría destinar recursos a infraestructura y servicios municipales.
La iniciativa se sustenta en la percepción ciudadana de que el gasto público en instituciones electorales resulta elevado en un país con múltiples necesidades sociales. En ese contexto, cuestionó que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mantengan salarios superiores al del titular del Ejecutivo y que continúen estructuras administrativas duplicadas entre el organismo nacional y los institutos electorales locales.
Claudia Sheinbaum planteó que el Plan B también contempla modificar las reglas de participación ciudadana para permitir consultas populares sobre determinados asuntos electorales. La propuesta abriría la posibilidad de consultar a la población sobre el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del sistema democrático actualmente excluidos de estos mecanismos.
La mandataria sostuvo que la consulta popular podría convertirse en una vía para que la ciudadanía participe directamente en decisiones relacionadas con la organización política del país, siempre que se delimiten los temas que pueden someterse a votación y se mantenga el marco constitucional de la República.
Dentro de los cambios propuestos también se incluiría la posibilidad de que la revocación de mandato pueda convocarse en el tercer o cuarto año del periodo presidencial, en lugar de limitarse al cuarto año como ocurre actualmente. Según explicó, esta medida ampliaría las opciones de evaluación ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos.
La jefa del Ejecutivo reiteró que la nueva propuesta mantendrá como eje la austeridad en el uso del presupuesto público y la ampliación de la participación ciudadana, dos principios que, señaló, forman parte de la agenda de la llamada Cuarta Transformación.
