Por David Parra
El llamado “Plan B” de reforma electoral representa un remedo de intento por reconfigurar las reglas del juego desde el poder y para el poder, una vez dinamitado por parte de los partidos aliados al partido oficial, el intento de una absurda y regresiva iniciativa de reforma que suponía el suicidio de los propios aliados.
Bajo el argumento de austeridad y eficiencia, lo que realmente se perfila es un nuevo intento por debilitar aún más los contrapesos institucionales, ya de por si colonizados y cooptados, como ha quedado en evidencia con la reforma judicial y la reciente exoneración de pillo López Obrador, con lo que sin necesidad de un austericidio injustificado ante el despilfarro de unos 300 millones de pesos diarios entre las obras y proyectos fallidos de López que alegremente sigue financiando el régimen de la continuidad, cuando el problema con el iNE Y el TRIFE es de incertidumbre y ausencia de probidad institucional. Lo que se requiere es una sustitución de quienes le integran actualmente por personas honorables e independientes de partidos, y entonces, por consecuencia, así luego hablamos de austeridad.
El problema de fondo no radica únicamente en el contenido de las modificaciones, sino en la lógica política que las impulsa. La revocación de mandato, utilizada como instrumento de legitimación más que de control ciudadano, se ha convertido en una herramienta descontextualizada que intenta compensar déficits de gobernabilidad. A ello se suma un adelantamiento de campañas que surfea y rebasa incluso los límites legales, generando un terreno desigual donde el aparato estatal juega un papel que debería estar estrictamente vedado.
Más preocupante aún es lo que el Plan B omite. En ningún punto se observa un esfuerzo serio por combatir el financiamiento ilegal de la política: recursos provenientes del crimen organizado, economías paralelas como el huachicol, o mecanismos más sofisticados como el desvío de recursos públicos y el tráfico de influencias, así como tampoco sanciones contra partidos, gobernantes y funcionarios emanados de ellos. Esto representa tan sólo cambios cosméticos insustanciales al final de cuentas, que dejan intactos los problemas de fondo que tienen consecuencias fatales para muchos mexicanos.
En este contexto, el país se encamina hacia procesos electorales cada vez más contaminados. No por la competencia política en sí, que es inherente en democracia, sino por la intervención indebida del poder público y la creciente asimetría entre los actores. La narrativa de transformación contrasta con prácticas que recuerdan viejos vicios que como oposición señalara, combatiera y regulara la presión política de quienes protagonizan el actual régimen al que ahora le estorban las reglas que impulsara y convirtiera en leyes para evitar el uso faccioso de instituciones, promoción anticipada y debilitamiento de los árbitros que hoy pretende reinstituir.
El contraste es aún más evidente cuando se observan las prioridades presupuestales. Mientras proyectos emblemáticos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o Mexicana de aviación, todos en manos de la SEDENA, absorben 110 mil millones anuales con un costo de operación diario de más de 300 millones de pesos, más el pago de intereses diarios de una deuda externa creciente de 4,300 millones diarios, evidencian su carga política mientras se argumenta la necesidad de recortar al sistema electoral en nombre de la austeridad.
El sistema electoral tiene un costo anual de 31,000 MDP, alrededor de cinco dias de pago de intereses de deuda externa duplicada por López Obrador en un sexenio en comparación con el acumulado por décadas de gobiernos anteriores.
El INE cuesta al día 83 millones de pesos, lo mismo que la operación del tren Maya. El primero tiene un fin social muy importante, que actualmente no se cumple con honorabilidad por quienes le presiden, por cierto; el segundo es un capricho de un desquiciado o acaso de un maquiavélico embaucador, si no es que pantalla de algo turbio, que representa pérdidas presupuestales permanentes que Sheinbaum soslaya olímpicamente mientras busca debilitar aún más el sistema electoral que lr hizo presidrnta… Haiga sido como haiga sido.
La ecuación es difícil de justificar: se escatiman recursos a la democracia mientras se multiplican en proyectos de rentabilidad cuestionable.
Lo que está en juego no es una reforma más, sino la integridad del sistema electoral mexicano. La historia reciente ha demostrado que construir instituciones confiables toma décadas; desmantelarlas puede tomar apenas unos años.
Y lo peor: Su consumación está en manos de dos partidos políticos, más bien franquicias familiares, que representan una versión aún más grotesca de lo grotesco de la partidocracia a la mexicana. En estas hasta teledirigidos desde el palacio nacional de Palenque.
@dparra001
