Michoacán.- Un juez giró órdenes de aprehensión en contra del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como de su ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas del poblado purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, ocurrido el 5 de abril del 2017.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que un juez otorgó los mandamientos judiciales al existir elementos que hacen presumir la responsabilidad de Silvano Aureoles, Juan Bernardo Corona y los 14 policías en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
Esta orden de aprehensión se suma a otra más que enfrenta Silvano Aureoles por el desvío de más de mil millones de pesos en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil (Policía Estatal).
Por este delito, se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Aureoles Conejo; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad de Michoacán; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública. Juan Bernardo Corona también cuenta con una orden de aprehensión por este motivo.
Caso Arantepacua
De acuerdo con la fiscalía estatal, Aureoles Conejo habría ordenado a Juan Bernardo Corona desplegar un operativo en Arantepacua el 5 de abril del 2017, para recuperar un centenar de vehículos de carga que los indígenas tenían retenidos como protesta ante un conflicto de límites territoriales que mantenían con el poblado de Capácuaro, de Uruapan.
Los agentes de la policía estatal (entonces denominada Policía Michoacán) se enfrentaron a los indígenas en el acceso de Arantepacua, dejando como saldo cuatro purépechas muertos a balazos —entre ellos un menor de edad—, 31 heridos por golpes o balas y 38 detenidos. Un policía también murió.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 la recomendación número 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales —por actos constitutivos de tortura—, de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena.
La CNDH también documentó que la policía del gobierno de Silvano Aureoles cateó ilegalmente 56 viviendas, propiedad de los indígenas.
Tras la irrupción policial en Arantepacua, la administración de Silvano Aureoles acusó al narcotraficante Benito Morales Jiménez “El Beny”, entonces líder regional del cártel de “Los Viagras”, de haber atacado a la policía cuando esta ingresaba al poblado, lo que derivó en la balacera donde murieron los indígenas. “El Beny” no fue detenido.
El juez de control, Juan Salvador Alonso Mejía, determinó liberar a los indígenas detenidos, una vez que la defensa demostró que el gobierno de Michoacán “sembró” armas de fuego y fabricó pruebas a los detenidos.
