Hermosillo, Sonora; 7 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia a través de la mediación, conciliación y arbitraje, diputadas y diputados de MORENA, PT, PVEM, Nueva Alianza Sonora, PES y la legisladora Alejandra López Noriega propusieron la creación de una Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Sonora, que permita resolver conflictos de manera voluntaria, ágil y con validez legal, evitando procesos judiciales prolongados.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, fue presentada por las diputadas y diputados María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia y René García Rojo, quienes destacaron que busca consolidar en Sonora un sistema de justicia alternativa más eficiente, orientado a promover la cultura de paz, la reconciliación y la solución pacífica de conflictos, además de contribuir a reducir la carga de trabajo en los tribunales.
La diputada Espinoza Tapia subrayó la importancia de actualizar el marco normativo estatal en concordancia con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias publicada en 2024, la cual establece las bases y principios a nivel nacional y fija un plazo para que las entidades federativas armonicen su legislación.
“Esta nueva ley constituye un instrumento jurídico de gran relevancia dentro de nuestro sistema de justicia al establecer un modelo que privilegia la resolución pacífica de conflictos por encima de la vía jurisdiccional tradicional. Su objetivo principal consiste en promover y regular los mecanismos alternativos, así como los servicios que se brindan tanto en centros públicos como privados”, explicó.
Asimismo, la legisladora señaló que la propuesta reconoce el derecho de las y los sonorenses a resolver sus controversias mediante vías colaborativas, así como la obligación del Estado de fomentar una cultura de paz desde el ámbito educativo, incorporando herramientas como el diálogo, la mediación y los procesos restaurativos en los programas de enseñanza.
La iniciativa también contempla el uso de tecnologías de la información para la resolución de conflictos en línea, ampliando el acceso de forma ágil y moderna.
Además, establece la organización y funcionamiento del sistema de justicia alternativa en el estado, asignando al Poder Judicial de Sonora la operación de estos mecanismos en sede judicial, así como la certificación de facilitadores y abogadas colaborativas.
De igual forma, se propone la creación de un Comité de Certificación encargado de acreditar, supervisar y evaluar a facilitadores y abogadas colaborativas. Las certificaciones serán personales, intransferibles y con una vigencia de cinco años, garantizando su preparación y actuación ética.
También se prevé la creación de un Registro de Personas Facilitadoras, público, electrónico, gratuito y obligatorio, que concentrará información relevante sobre facilitadores certificados, su vigencia, especialización y, en su caso, sanciones, con el fin de brindar certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía.
Asimismo, se contempla la vinculación con la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras, lo que permitirá la actualización y homologación de la información a nivel nacional, así como el seguimiento oportuno de certificaciones y sanciones.
Finalmente, la iniciativa garantiza servicios basados en los principios de igualdad, respeto y confidencialidad, así como el derecho de las personas a elegir facilitador y recibir información clara. Además, incorpora un enfoque de derechos humanos que prioriza a niñas, niños y adolescentes, y asegura la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, así como de comunidades indígenas y afromexicanas, con pleno respeto a su cultura y lengua.
