POR ING.HÉCTOR CASTRO GALLEGOS
En México, la salud no está en manos de la ciencia, sino en las grietas del poder.
Lo ocurrido en Sonora no es un accidente ni una excepción: es la consecuencia lógica de un sistema que ha decidido mirar hacia otro lado mientras la vida se convierte en mercancía. Ocho muertos. Jóvenes, adultos, personas que confiaron.
No en un charlatán de esquina, sino en una estructura que aparentaba legalidad.
Y ahí está el núcleo del problema: no es la ignorancia del paciente, es la simulación institucional.
El Estado certifica, pero no vigila. Autoriza, pero no protege.
Cobra, pero no responde.
La neurociencia lo explica con crudeza: el cerebro humano confía por diseño.
Necesita atajos para sobrevivir, y uno de ellos es la autoridad percibida.
Una bata, un título, un consultorio… activan circuitos de seguridad en la mente.
El paciente no evalúa cada riesgo, delega.
Cree.
Y cuando el sistema que debería respaldar esa confianza está podrido, la traición no es solo ética: es biológica. Lo que pasó no fue un “error médico”.
Fue una cadena de fallas donde cada eslabón apunta al poder.
Equipos contaminados, sustancias sin respaldo, prácticas fuera de norma… todo eso existió durante años sin que nadie lo detuviera. ¿Dónde estaban las inspecciones? ¿Dónde estaba la regulación real? No estaban.
Porque en México la supervisión es reactiva: llega después de los muertos. Mientras tanto, en redes sociales se vende salud como si fuera suplemento milagro. Sueros “revitalizantes”, terapias exprés, soluciones rápidas para un cuerpo cansado de sobrevivir en un país que también enferma.
Y el Estado, otra vez, ausente. Porque regular implicaría incomodar intereses, romper negocios, asumir costos políticos.
Pero hay algo más profundo: el poder tradicional ha subestimado a una generación que ya no cree ciegamente. Hoy sabemos que el cuerpo no es un experimento y que la ciencia no es un adorno discursivo. Sabemos que cuando no hay evidencia, hay riesgo. Y cuando no hay regulación, hay muerte. Aquí no basta con indignarse ni con detener a un responsable.
Eso es apenas el espectáculo. El problema real es un sistema que permite que esto ocurra y que solo actúa cuando el escándalo es inevitable. Eso no es gobierno, es administración del desastre. La salud no puede seguir siendo territorio de impunidad. Porque cuando el Estado falla en lo más básico —proteger la vida— deja de ser autoridad… y se convierte en cómplice.
