Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas: Análisis y construcción del tema
Para entender lo que está en juego hay que ubicar dos rutas de reforma que corrieron en paralelo, pero con suerte distinta hasta esta semana. El llamado “Plan B” electoral nació en diciembre de 2022 como respuesta al freno que tuvo la reforma constitucional en materia electoral. Al no alcanzar la mayoría calificada, se optó por modificar seis leyes secundarias para compactar al INE, reducir estructuras en juntas locales y distritales y ajustar reglas de operación. La Suprema Corte invalidó ese paquete en junio de 2023 por violaciones al proceso legislativo, por lo que durante casi tres años el tema quedó en pausa.
El escenario cambió hace 2 días. La Cámara de Diputados aprobó un nuevo dictamen del Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A diferencia del intento de 2023, esta versión reformó directamente tres artículos de la Constitución: el 115 para limitar a 15 el número máximo de regidores en ayuntamientos, el 116 para topar en 0.70 por ciento el presupuesto de los congresos estatales, y el 134 para establecer que funcionarios del INE, OPLES y tribunales electorales no ganen más que la presidenta y recortar 15 por ciento el presupuesto del Senado. Ya sin el artículo que buscaba adelantar la revocación de mandato a 2027, el bloque oficialista logró mayoría. En menos de 24 horas, 20 congresos estatales lo ratificaron y el proyecto alcanzó la constitucionalidad.
Sonora fue uno de esos 20 estados. Su Congreso lo aprobó la misma madrugada del jueves, convirtiendo el tope de 0.70 por ciento en regla obligatoria para su propia operación. El dato no es menor. Sonora es entidad fronteriza, con dinámicas presupuestales distintas a las del centro del país y con 72 municipios que van desde Hermosillo, con más de 900 mil habitantes, hasta municipios de menos de mil habitantes. La regla de 15 regidores y el tope presupuestal se aplicarán igual en todos.
Esto corre en paralelo a la Reforma Judicial de septiembre de 2024, que cambió el método de integración del Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces se elijan por voto popular. La primera elección ya ocurrió en junio de 2025. En Sonora se eligieron jueces de distrito y magistrados de circuito bajo las nuevas reglas, con boletas que incluyeron perfiles locales. Lo estructural es que ambos proyectos ya no son propuesta: son norma constitucional operando al mismo tiempo. Uno redefine el costo y tamaño de los órganos de representación. El otro redefine el origen del poder que interpreta la ley.
2. A manera de reflexión
Con el Plan B convertido en reforma constitucional y la Reforma Judicial ya aplicada, lo que tenemos enfrente no es un debate de ideas, sino la prueba en tiempo real de dos premisas. La primera dice que el Estado mexicano es caro y que reducirlo obliga a trabajar mejor. La segunda sostiene que el Poder Judicial, al no pasar por las urnas, se aisló de la gente y por eso debe su legitimidad al voto.
El Plan B tradujo la primera premisa en candados numéricos. Tope de 15 regidores por ayuntamiento sin importar el tamaño del municipio. Tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales. Son reglas parejas que no distinguen contextos. Aquí Sonora es clave para entender el impacto. Hermosillo opera hoy con 21 regidores para una población que supera los 900 mil habitantes. Con la nueva regla tendrá que ajustarse a 15. Bacanora, con 700 habitantes, también tendrá como máximo 15. La construcción es clara: se privilegió la sencillez de la regla sobre la complejidad de la realidad local. La crítica también es clara: la austeridad sin diagnóstico fino puede volver inoperante al municipio pequeño que ya trabajaba con lo mínimo.
La Reforma Judicial ya nos dio un primer resultado nacional para evaluar la segunda premisa. En junio de 2025 se eligieron 1,633 juzgadores federales. La participación fue de 13 por ciento del padrón. En Sonora la tendencia fue similar. Se eligieron juzgadores para los distritos con sede en Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales. Las campañas fueron breves, con financiamiento público limitado y sin debates obligatorios. El resultado fue una mezcla: llegaron perfiles con carrera judicial sólida que lograron posicionarse, pero también llegaron perfiles impulsados por estructuras que entendieron antes que nadie cómo operar una elección sin partidos en la boleta, pero con partidos en la movilización.
Puestos juntos, el Plan B y la Reforma Judicial empujan al Estado hacia un mismo sitio: más legitimidad de origen, menos margen de operación. Lo constructivo es que por fin se rompió la inercia. Durante años se dijo que los órganos autónomos eran intocables y que la carrera judicial era el único camino. Hoy ya no lo son. Lo crítico es que romper inercias sin construir nuevas capacidades técnicas es cambiar el problema de lugar. Si un congreso no puede dictaminar por falta de asesores, la ley la escribe el Ejecutivo. Si un juez no tiene experiencia en amparo, pero sí votos, la sentencia la redacta su secretario. El riesgo no es la austeridad ni el voto. El riesgo es que la austeridad se vuelva parálisis y que el voto se vuelva disciplina.
3. Consideraciones finales
El Plan B y la Reforma Judicial ya no admiten análisis en futuro. Son presente operando. El primero obliga a 32 congresos locales, a más de 2,400 ayuntamientos y a todos los órganos electorales a funcionar con reglas de austeridad que no existían hace una semana. La segunda ya produjo su primera generación de juzgadores electos. El reto ahora es evitar dos salidas falsas: la nostalgia que dice que todo pasado fue mejor y la euforia que dice que cambiar las reglas cambia en automático los resultados.
Lo constructivo del momento es que se abrió una ventana que llevaba décadas cerrada. El Plan B evidenció que había excesos reales. La Reforma Judicial evidenció que la carrera judicial había creado también círculos cerrados. El error sería creer que el acto de recortar o de votar sustituye al acto de construir capacidad. Por eso lo propositivo tiene que empezar ya, en tres rutas concretas.
Primero, si los congresos van a operar con 0.70 por ciento del presupuesto estatal, entonces hay que blindar ese 0.70 por ciento para técnica legislativa. Sonora tendrá que hacer más con menos en su Congreso. Eso solo es viable si ese porcentaje se va a investigación, a servicio civil de carrera parlamentaria y a transparencia, no a sostener estructuras políticas. Segundo, si los jueces van a deber su cargo al voto, entonces la boleta no puede ser una hoja con 50 nombres sin rostro. Se necesitan debates obligatorios por circuito. Que un juez de Nogales pueda exponer su criterio frente a uno de Hermosillo. Voto sin información no es democracia, es rifa. Tercero, si los ayuntamientos tendrán máximo 15 regidores, entonces hay que profesionalizar esos 15 espacios. En Sonora esto impacta directo: municipios con vocación agrícola, minera, fronteriza. Menos regidores no puede significar menos vigilancia. Debe significar mejor vigilancia.
El cierre es este: México decidió que la legitimidad de origen pesa más que la legitimidad de desempeño. Esa decisión ya se tomó. Lo que no está decidido es el resultado. Sonora es hoy uno de los laboratorios más claros del país. Su Congreso vivirá con 0.70 por ciento. Sus ayuntamientos se ajustarán a 15 regidores. Sus jueces federales ya fueron electos. Si en tres años el Congreso de Sonora dictamina más y mejor con menos dinero, si los amparos en Hermosillo se resuelven en 100 días y no en 289, si la gente conoce el nombre de su juez de distrito, entonces el experimento habrá funcionado. Si no, habrá que tener la misma valentía que se tuvo para cambiar, pero ahora para corregir. Porque un país no se rediseña una vez. Se rediseña cada vez que la realidad le demuestra que el diseño anterior se agotó.
