Cajeme, Sonora, 4 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Mario Alberto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por premeditación y alevosía, en grado de tentativa, en número de dos, cometido en agravio de Eduardo Alonso “N” y Susana “N”, ambos elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Cajeme.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 28 de agosto de 2026, aproximadamente a las 12:38 horas, en un domicilio ubicado en calle Plutarco Elías Calles, entre Cuauhtémoc y Francisco Javier Mina, de la colonia Benito Juárez.
La investigación establece, de manera preliminar, que el imputado habría reflexionado previamente sobre la conducta que pretendía realizar y, encontrándose en el lugar referido, habría ejecutado actos encaminados a privar de la vida a los dos elementos de la PESP; utilizó un arma de fuego realizando diversos disparos dirigidos hacia la integridad corporal de las víctimas, quienes fueron tomadas por sorpresa durante la agresión.
El resultado pretendido no se consumó por causas ajenas a la voluntad del imputado, debido a la pronta reacción de los agentes policiales, quienes accionaron sus armas de cargo para repeler la agresión real, actual e inminente, circunstancia que permitió interrumpir la conducta y evitar que continuaran los disparos; tras estos hechos, se desarrollaron los actos de investigación correspondientes que permitieron reunir datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar ante la autoridad judicial la continuación del proceso penal.
Durante la audiencia, el Juez determinó la vinculación a proceso, además mantener vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de investigar de manera objetiva, profesional y conforme a derecho los hechos que pudieran constituir delitos, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas y de las personas sujetas a investigación, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
