Mi gusto es… (o la otra mirada) . Por: Lic. Miguel Ángel Avilés
Hay reconocimientos que honran. Y hay reconocimientos que, sin quererlo —o quizá queriéndolo demasiado— terminan exhibiendo al que reconoce.
Hace unos días, en Hermosillo, el presidente municipal inauguró la Plaza de las Buscadoras, un espacio dedicado a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que, según se ha explicado, será punto de encuentro de las familias y lugar desde donde partirán sus marchas y manifestaciones.
Y vaya que las madres merecen un espacio. Merecen respeto. Merecen solidaridad. Merecen que nadie trivialice su dolor ni convierta su tragedia en argumento político. Pero precisamente por eso hay reconocimientos que uno no sabe si agradecer o preguntar para qué sirven. Porque una cosa es reconocer la dignidad, la valentía y la perseverancia de las madres buscadoras y otra muy distinta es que el Estado termine institucionalizando aquello que debería estar combatiendo.
Vaya la comparación no tan descabellada: son como esos otros países-incomparables el nuestro- que quieren sacar a los pobres de la pobreza y los honran como si el padecer fuera glorificante, poniéndolos en primer término, pero rogándole a dios que nunca se acaben.
No tan descabellada expuse ya que buena parte de esos hijos desaparecidos, nacieron y crecieron en esa pobreza.
Esto de la plaza, como ejemplo del absurdo institucional, es una paradoja formidable. Desaparecen personas y construimos una plaza para quienes las buscan.
Vaya.
No encontramos a los desaparecidos, menos a los victimarios pero si encontramos un lugar donde puedan reunirse quienes los buscan. No resolvemos la tragedia, pero le ponemos infraestructura. No cerramos la herida, pero le ponemos una placa y hasta le ponemos nombre.:La Plaza de las Buscadoras.
Casi parece que el Estado hubiera descubierto la manera administrativa de enfrentar una tragedia: si no puede resolverla, por lo menos puede inaugurarla.
Y aquí es donde la ironía deja de ser un recurso literario para convertirse en una necesidad. Porque la seguridad pública no es una concesión graciosa de los gobiernos, un gesto de buena voluntad, un puño de caridad que combata el insomnio después de ir a misa de siete.
El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en sus respectivas competencias. Es decir: los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades en materia de seguridad.
Por eso resulta cuanto menos extraño que quienes tienen la obligación constitucional de prevenir delitos, combatirlos y contribuir a que las víctimas obtengan justicia, terminen apareciendo después como patrocinadores de la infraestructura de quienes padecen las consecuencias de aquello que no pudieron evitar.
Adviértase: No se trata de decir que una plaza sea mala. ¡Qué bueno que exista un espacio digno para las madres!. Lo verdaderamente inquietante es que podamos acostumbrarnos a que esa plaza sea necesaria.
Porque una madre buscadora no debería necesitar una plaza. Debería necesitar resultados. Necesita saber dónde está su hijo. Necesita encontrarlo. Necesita saber qué ocurrió. Necesita que se investigue. Necesita que quien lo desapareció responda ante la justicia. Y necesita, sobre todo, que el Estado haga lo suficiente para que otras madres no tengan que convertirse mañana en buscadoras. Ni ellas ni nadie con independencia del parentesco ni el lazo consanguíneo.
Porque si la tragedia continúa, podemos terminar construyendo una ciudad perfectamente organizada para recibir a las víctimas de sus propias deficiencias. Una plaza para las buscadoras. Otra para los desplazados. Otra para las víctimas. Otra para los familiares. Otra para las acreedoras alimentistas y quizá, si seguimos así, algún día tendremos una magnífica infraestructura urbana dedicada a cada uno de nuestros fracasos institucionales.
Nos faltaría solamente una gran plaza para quienes todavía creen que algún día habrá justicia y cuando esporádicamente se logre algún buen resultado, podamos ir a festejar como lo hacen cientos de aficionados cuando gana la selección mexicana.
Lo más gacho es que esto no es exclusivo de las madres buscadoras. Hay una especie de fascinación institucional por premiar a quienes sobreviven a aquello que las propias instituciones deberían haber impedido.
Es como si de pronto Manuel Bartlett propusiera construir la Plaza del Fraude Electoral, le llamara la plaza de La Memoria y, para cerrar con broche de oro la ceremonia, fuera él mismo quien develara la placa o que se levantara un parque bien bonito para honrar a los cientos de opositores asesinados durante el sexenio de Carlos Salinas y que el propio ex presidente acudiera solemnemente a develar la placa conmemorativa de aquellos evocativos años. Durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), la CNDH registra oficialmente 295 perredistas asesinados por motivos políticos. El PRD, por su parte, contabilizó 305 asesinatos políticos durante ese mismo sexenio.
En el plano local, sería como si El Maloro, al final de su trienio como presidente municipal, hubiera decretado el día de su cumpleaños como el Día de la Rendición de Cuentas y para inmortalizar su célebre paso en la alcaldía, anunciara la construcción de un obelisco al interior del palacio municipal y en lugar de recurrir a bloque de piedra o monolitos para su construcción, se hiciera con hojalatería de carritos de hotdog y ahí se pudiera concentrar todos aquellos que se sintiera inconformes con el edil en turno.
Ósea, como si el honorable exgobernador Guillermo Padrés se hubiera autoproclamado paladín contra el abuso de poder y mostrando esa nueva vocación, hubiera propuesto una estatua o un monumento para desagraviar a Gisela Peraza.
Hagan de cuenta.
El absurdo no estaría en las plazas, en los parques, en las estatuas ni en las placas. Estaría en que quienes representan —o representaron— al poder terminaran homenajeando aquello que precisamente se les reclama. Sería como si un gobierno incapaz de transparentar sus contratos inaugurara el Museo de la Transparencia. Como si un funcionario acusado de tener a casi todo su árbol genealógico en la nómina, de un día para otro fundara el Instituto Nacional contra el Nepotismo.
Y todavía faltaría la ceremonia. Porque en México nunca falta una ceremonia. Habría discurso. Habría fotografías. Habría funcionarios. Habría aplausos. Habría una lámina cubierta por un pedazo de tela azul y por un momento el luto o el duelo se volvería una efímera emoción.Y, seguramente, habría alguien encargado de explicar que aquello demuestra el profundo compromiso institucional con una causa que la propia institución no ha conseguido resolver.
Ahí está el problema. No en la distinción. En la sustitución del resultado por un placebo institucional. Existe, por ejemplo, el Premio Nacional de Derechos Humanos. Y uno se pregunta: ¿No sería infinitamente mejor que hubiera menos violaciones a los derechos humanos que premios para quienes los defienden?
Hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos (¿si la hay?) desde principios de los años noventa y ahí está, ahí está como la puerta de Alcalá, como si tuviéramos que resignarnos a la perpetuidad de esas violaciones, no al combate paulatino de estos que desde entonces y a la fecha ya era para que estuvieras aplaudiendo su extinción.
Por supuesto que hay que reconocer a quienes dedican su vida a defender a los demás. Pero el reconocimiento no puede convertirse en sustituto de la obligación pública. Porque cuando una sociedad se acostumbra a premiar al ciudadano por enfrentar aquello que el Estado no resuelve, corremos el riesgo de confundir la resistencia con el resultado.
Ahora bien, si por ahí ya hay alguna sintomatología respecto al síndrome de Estocolmo por parte de quien ahora preside dicha comisión se me ocurre que debería instituirse formalmente el premio Miguel Nazar Haro para reconocer la incansable labor de esa gente que desde los años setenta lucha contra la desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado durante la llamada Guerra Sucia.
Todo esto me hace recordar a mi amigo Diego Farías y Cabrera. Resulta que la directora de la carrera universitaria quería entregarle un reconocimiento por su enorme esfuerzo para llegar a la universidad, después de haber pasado prácticamente toda su vida en una silla de ruedas.
Diego escuchó la propuesta y soltó una de esas frases que solamente puede decir alguien que ha aprendido a mirar la vida sin solemnidades:
“¿Cómo ven? Me quieren premiar porque estoy paralítico. ¿No se les hace chingaderas?”
Y tenía razón. No porque Diego no mereciera reconocimiento. Sino porque él entendía perfectamente la diferencia entre admirar a una persona y romantizar la circunstancia que la obliga a ser admirable.
Lo que Diego no quería era que lo convirtieran en héroe de su desgracia. Quería que lo trataran como un hombre que, pese a su discapacidad, tenía derecho a estudiar, a caminar —o a desplazarse como pudiera— por una universidad accesible y a vivir como cualquier otro.
Y quizá eso mismo deberíamos entender con las madres buscadoras. Lo dijo una de ellas y le puso el cascabel al Toño ese mismo día. Este trago gordo y continuó a tropezones con su perorata.
No necesitan que las convirtamos en heroínas de una tragedia nacional. Ya son suficientemente heroicas por obligación. No necesitan que les construyamos solamente un lugar desde donde puedan salir a marchar. Necesitan que llegue el día en que ya no tengan que marchar. No necesitan una plaza que perpetúe su condición de buscadoras. Necesitan encontrar a sus hijos.
Porque una plaza puede ser un intento de desagravio. Pero también puede convertirse, sin quererlo, en el monumento más grande a una deuda pendiente. Y hay algo todavía más perverso en todo esto. Cuando el Estado construye un espacio para quienes buscan a sus desaparecidos, corre el riesgo de hacer permanente aquello que debería ser transitorio.
El duelo se vuelve paisaje.La ausencia se vuelve mobiliario urbano. La tragedia adquiere dirección postal. Y el fracaso institucional, placa inaugural. Qué paradoja. Los mismos gobiernos que deberían trabajar para que nadie tenga que buscar a un hijo desaparecido terminan inaugurando el lugar desde donde las madres podrán seguir buscándolo.
“Son mamadas” diría el prócer magdalenense.
Eso sí que es eficiencia administrativa: si no podemos terminar con la herida, por lo menos hagamos una plaza alrededor de ella y así se pueden hermanar tantas lágrimas de sangre.
Y así, mientras las madres siguen buscando a sus hijos, el Estado puede seguir buscando algo mucho más sencillo: una manera de que su incapacidad parezca empatía
Porque las madres no necesitan que les reconozcamos el dolor. El dolor ya se los reconoce todos los días. Lo que merecen —y lo que les debemos— es que se les repare el daño en su concepto más amplio.
Y quizá la verdadera consideración sería mucho más sencilla, aunque bastante menos lucidor para quien corta el listón: que algún día la Plaza de las Buscadoras deje de ser necesaria. Porque ese día significaría que encontramos a los desaparecidos. Que las instituciones hicieron su trabajo. Y que el Estado dejó de inaugurar espacios para administrar las consecuencias de aquello que no pudo —o no quiso— evitar.
Mientras tanto, habrá que reconocerle al poder esa admirable capacidad para convertir sus pendientes en autopromoción y las deudas en un vergonzoso espacio de oportunidad. No pudo evitar que hubiera madres buscadoras, pero sí pudo inaugurarles un lugar para que sigan buscando. La paradoja es casi perfecta: quienes deberían rendir cuentas por la inseguridad aparecen ahora cortando el listón del espacio destinado a quienes padecen sus consecuencias. Al fracaso, cuando menos, no le faltó presupuesto para la escenografía.
Mira pues: Las obligaciones incumplidas son ahora ceremonias de reconocimiento, en donde a los destinados a estar, por ley, en el banquillo de los acusados, se les aplaude y se les agradece.
