Entre el 20 de julio de 2022 y el 5 de noviembre de 2025, Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) emitió 39 facturas a la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront) por 427 millones 926 mil 154 pesos, IVA incluido.
Las facturas forman parte de los comprobantes fiscales digitales de la empresa a los que tuvo acceso Proceso. Ninguna aparece cancelada. Todas fueron emitidas durante el gobierno de Samuel García Sepúlveda. Y todas son anteriores al 13 de octubre de 2026, el día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CEGESA, a su dueño, Gamaliel Garza García, y a su hijo, Gamaliel Garza Elías, por formar parte de la red financiera del Cártel del Noreste (CDN).
Es casi cuatro veces lo que se había documentado. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró en la Plataforma Nacional de Transparencia tres contratos por unos 110 millones de pesos; LatinUS reportó 105.9 millones. Las facturas muestran que el negocio fue mucho mayor y que no se detuvo en 2023: siguió creciendo hasta noviembre de 2025.
El Tesoro sostiene que CEGESA “obtuvo contratos gubernamentales de manera corrupta y luego subcontrató ese trabajo a personas afiliadas al CDN”, y que el cártel la utilizó “para canalizar dinero a las campañas electorales de los candidatos políticos de su preferencia”. Según Washington, Garza Elías, quien participa en la operación diaria de la constructora, entregó efectivo para esas campañas.
CEGESA no es una empresa lejana a Nuevo León. Tiene su sede en Anáhuac, el mismo municipio donde está el puerto Colombia, y ahí registra el Tesoro el domicilio de los dos Garza. El propio Departamento del Tesoro ubica a Nuevo León entre los estados donde el CDN tiene su base de operaciones.
Cada año, más
En 2022, su primer año como proveedora de Codefront, CEGESA le facturó 21.5 millones de pesos. En 2023, 85.6 millones. En 2024, 153 millones. En 2025, 167.8 millones: casi ocho veces lo del primer año. La factura más alta, del 1 de septiembre de 2025, ampara 50 millones 499 mil pesos.
Entre 2020 y 2025, CEGESA facturó mil 779.9 millones de pesos. Uno de cada cuatro pesos fue a cargo de Codefront. Sólo el ferrocarril Kansas City Southern de México le facturó más. Entre sus clientes públicos, ninguno se acerca a la corporación del gobierno de Samuel García.
Al ayuntamiento de Anáhuac, además, CEGESA le facturó 8.8 millones de pesos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
El gobernador inaugura, CEGESA factura
El puerto Colombia es una de las obras que Samuel García ha presumido una y otra vez. Y es justo ahí donde trabajaba CEGESA. Los contratos que documentó MCCI corresponden a obras en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional del puerto: habilitación de lotes, la fachada del parador turístico y la construcción de casetas y carriles de acceso, este último por casi 70 millones de pesos.
El 15 de octubre de 2024, Marco Antonio González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director de Codefront, informó en un boletín oficial: “A la fecha se han invertido cerca de 500 millones de pesos en el Puerto”. Ese día, las facturas de CEGESA a Codefront ya sumaban 249.5 millones: la mitad de lo que el gobierno exhibía como logro.
Ocho días después, el 23 de octubre de 2024, Samuel García inauguró la ampliación de los carriles de exportación de la Aduana Colombia y anunció que las casetas de exportación pasarían de siete a 13. “Era imprescindible que Nuevo León hiciera este clúster y estuviéramos cada vez más conectados con Texas”, dijo.
El 8 de agosto de 2025, el gobernador volvió a la aduana para inaugurar dos carriles más. Una semana antes, el 1 de agosto, CEGESA le había facturado a Codefront 25.9 millones de pesos. Tres semanas después, el 1 de septiembre, le facturó 50.5 millones, la factura más alta de toda la serie.
La otra mitad del esquema
Según el Tesoro, Garza García creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) “para integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción”. CEGESA hacía o subcontrataba la obra; COPASA ponía los materiales. A principios de 2026, añade, ambas estaban entre las pocas constructoras a las que el CDN autorizaba trabajar en Nuevo Laredo, su principal plaza. COPASA también fue sancionada.
Las facturas muestran cómo arrancó esa integración. COPASA se constituyó el 20 de marzo de 2024. Su primera factura a CEGESA es del 6 de mayo. Dos días después, CEGESA le facturó a COPASA un millón 750 mil pesos. En las tres semanas siguientes le emitió otras dos facturas por exactamente la misma cantidad.
De mayo de 2024 a noviembre de 2025, COPASA emitió a CEGESA 537 facturas por 159 millones de pesos. Es, por mucho, su principal proveedor. En sentido inverso, CEGESA le facturó a COPASA 21.2 millones.
En 2024, COPASA le facturó a CEGESA 84 millones de pesos. Ese mismo año, CEGESA le facturó al gobierno de Samuel García 153 millones.
Como publicó Proceso el 13 de octubre, Garza García comparte COPASA con Francisco Muñoz García, contratista de obra pública, y con Fernando Castañeda Treviño. Muñoz García no fue sancionado. Entre febrero de 2023 y noviembre de 2025 le facturó a CEGESA 38 millones de pesos. CEGESA, a su vez, le facturó 22 millones.
La cadena de mando
Los tres contratos que documentó MCCI llevan dos firmas: la de Gamaliel Garza García, como administrador único de CEGESA, y la de Marco Antonio González Valdez, como director de Codefront.
González Valdez no es un funcionario menor. Fue diputado federal por el PRI y diputado local por Morena de 2018 a 2021. Samuel García lo hizo secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y, al mismo tiempo, lo mantuvo al frente del organismo que contrató a la constructora. Es decir, el hombre que firmó con CEGESA despacha en el gabinete del gobernador.
Durante tres años y cuatro meses, la misma empresa le facturó cada año más a ese organismo. En todo ese tiempo, según el propio secretario, nadie en el gobierno vio nada extraño.
Un día después de la sanción, González Valdez defendió los contratos. Antes de la designación del Tesoro, dijo, “la reputación de Cegesa era intachable, de acuerdo a la información pública disponible en ese momento”. Aseguró que la empresa cumplió los criterios legales, técnicos y financieros, según declaraciones recogidas por Milenio y Telediario.
El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, sostuvo que “existen procedimientos en todas las licitaciones” y prometió: “Por supuesto que habrá una investigación y, en caso de que exista algún hecho no correcto, se va a sancionar”. La revisión quedó a cargo de la Contraloría estatal.
La cadena es corta. El gobernador nombró al secretario. El secretario firmó con CEGESA. Y la Contraloría que ahora revisará esos contratos también responde al gobernador. Samuel García queda en los dos extremos: es el jefe de quien contrató y el jefe de quien investiga.
No es el único expediente
El caso CEGESA se suma a otro frente abierto contra el gobernador. En junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político en su contra por la presunta triangulación de recursos públicos hacia empresas vinculadas con su entorno familiar. El gobernador ha rechazado las acusaciones. Ese expediente es distinto del de CEGESA.
La sanción contra CEGESA no fue sólo de Washington. Como parte de la cooperación bilateral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a las personas y empresas sancionadas en la Lista de Personas Bloqueadas. Informó que, en algunos de los casos, detectó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, y operaciones que no correspondían con su perfil.
Washington ya dijo qué era CEGESA. Las facturas dicen quién fue su mejor cliente público: el gobierno de Samuel García.
