Hermosillo, Sonora; 22 de octubre de 2026.– Para que las órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia sean aplicadas y supervisadas con una mayor efectividad, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez presento una reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Código de Familia, todas del estado de Sonora.
La iniciativa, turnada a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio, busca establecer mecanismos que permitan verificar el cumplimiento oportuno de las medidas de protección, mediante el registro de las acciones realizadas por las autoridades, los tiempos de respuesta y los resultados de cada intervención.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra registrar el tiempo que transcurre desde que se recibe una solicitud de auxilio hasta la llegada de los elementos policiales al lugar de los hechos. Cuando la atención exceda los tiempos establecidos en los protocolos correspondientes, las autoridades deberán documentar las causas de la demora, con el propósito de evaluar su actuación y mejorar los procedimientos.
Gaytán Sánchez señaló que la propuesta también contempla dar seguimiento a las medidas de protección mientras estén vigentes, especialmente en los casos de mayor riesgo para las víctimas. Esto permitirá detectar nuevas agresiones o incumplimientos y tomar las medidas necesarias para reforzar o ampliar la protección cuando sea necesario.
En cuanto a la coordinación entre instituciones, la legisladora explicó que las autoridades judiciales deberán comunicar de inmediato las medidas de protección a las instancias responsables de ejecutarlas. Estas, a su vez, tendrán que informar sobre las acciones realizadas y explicar las causas cuando no sea posible cumplirlas oportunamente.
Asimismo, destacó que el registro de las actuaciones permitirá identificar posibles incumplimientos injustificados y contar con información para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley, sin que cualquier demora implique automáticamente una falta por parte de las autoridades.
La iniciativa también contempla adecuaciones a los sistemas de información, protocolos y procedimientos institucionales, así como la capacitación del personal encargado de atender y dar seguimiento a las medidas de protección.
“Una orden de protección no debe quedarse en papel; debe comunicarse a tiempo, ejecutarse, registrarse y vigilarse hasta que la víctima esté protegida”, puntualizó la diputada morenista.
