Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de SOMOS, Emilio Álvarez Icaza, denunció la proliferación de propaganda política que, bajo el argumento de difundir informes legislativos y actividades de trabajo, estaría siendo utilizada para promover anticipadamente aspiraciones electorales rumbo al 2027.
Como evidencia, presentó diversos materiales, entre ellos pegotes y calcomanías de otros partidos políticos, recopilados por jóvenes de SOMOS Impacto, quienes documentaron la presencia de esta propaganda en distintos puntos de la ciudad.
Previo a la sesión del Consejo General, un grupo de jóvenes de SOMOS Impacto exhibió en las instalaciones del INE propaganda (basura electoral) con la que diversos actores políticos llevan a cabo ilegales actos de campaña anticipada y de promoción personal político electoral.
El representante de SOMOS advirtió que estas prácticas no solo representan posibles violaciones a la legislación electoral, sino que también generan condiciones de profunda inequidad en la contienda.
Además, cuestionó el origen de los recursos con los que se financia esta promoción y planteó la posibilidad de que provengan de fondos públicos o incluso del crimen organizado. Álvarez Icaza señaló que el INE no puede permanecer omiso ante estas conductas, pues su falta de actuación transmite el mensaje de que incumplir la ley no tiene consecuencias, además, recordó que suman cuatro ocasiones se ha discutido ante el Consejo General la necesidad de que la autoridad electoral actúe como un verdadero árbitro y haga valer sus atribuciones para investigar y sancionar los comportamientos indebidos.
Cuestionó el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que sus resoluciones han contribuido a legitimar la falta de actuación frente a estas prácticas y finalmente, hizo un llamado a que, en esta nueva etapa del Instituto, se coloque en la agenda la regulación y atención de las campañas anticipadas, pues permitir que estas conductas continúen daña estructuralmente la legitimidad del proceso electoral y la confianza en las instituciones democráticas.
