Expresiones. Por: Gaspar Navarro
Al estilo de los procesos penales que se realizan en Estados Unidos contra a los grandes capos el gobierno federal utiliza informantes o testigos protegidos para investigar el esquema de corrupción en el INE en el que está involucrada la ahora exconsejera electoral Guadalupe Taddei y sus antecesores en la presidencia del organismo electoral.
En un hecho inédito la Auditoría Superior de la Federación informó que utiliza informantes involucrados en el “Taddeigate” a fin de ampliar las investigaciones de corrupción en el INE a cambio de reducir sus sanciones instrumento dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los informantes ya han proporcionado información y elementos relevantes sobre las corruptelas en el INE con el fin de apegarse al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”.
La utilización de supuestos “testigos protegidos” o informantes ha sido una práctica común en procesos penales en Estados Unidos, siendo cuestionado ese programa por prestarse a una manipulación de la ley o de la justicia, como se ha visto en el caso de la detención del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, por supuestos nexos con los narcos basada la fiscalía norteamericano en pruebas “de oídas” por supuestos testigos que declararán lo que sea necesario para salir en libertad, recibir un jugoso pago y evadir la prisión con una nueva identidad.
En otros casos, los informantes son verdaderos capos como los hijos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, quienes a cambio de una sentencia menor dieron santo y seña de la red de tráfico de drogas y de la corrupción de los cuerpos policiacos, jueves, periodistas, alcaldes, gobernadores y legisladores, razón por y basados en esos testimonios más sus investigaciones de la DEA, CIA, FBI, etc., Estados Unidos aseguran que en México prevalece un narco estado gobernado por el crimen organizado.
En el caso de la corrupción destapada en el INE de Guadalupe Taddei con su proveedor favorito, el gobierno federal o la Auditoría Superior de la Federación o la Unidad de Inteligencia Financiera, utilizarán testigos protegidos para buscar culpables no solo en la gestión de la ahora exconsejera electoral que está comprobada la red de corrupción, sino para ir varias décadas más atrás a fin de adecuar el relato oficial de que las corruptelas en el organismo electoral son herencias del pasado pretendiendo “lavarse las manos” y tratar de exculpar o limpiar a Morena.
Por lo anterior, no será nada raro que un informante o testigo protegido acuse al exconsejero electoral Lorenzo Córdova o Luis Carlos Ugalde de realizar corruptelas en el organismo electoral aun cuando esas gestiones fueron auditadas cientos de veces sin encontrar irregularidades financieras, ni el IFE o el INE fue nido de los nuevos ricos como es el caso de Guadalupe Taddei.
Al anunciar el programa de protección a testigos, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, dijo que esas colaboraciones de informantes han permitido lograr avances en las investigaciones por la participación de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales “durante varios años”.
O sea, no es nada más investigar el presente de Taddei, sino también el pasado buscando hasta encontrar o inventar irregularidades en contrataciones públicas en los organismos electorales durante varias décadas. En esa aplicación selectiva de la ley, vean lo que pasó con Ruffo, detenido sin pruebas solo por revanchismo político, mientras los culpables del huachicol fiscal y narcos gobiernos andan libres solapados por el gobierno federal.
De acuerdo con la Auditoría Superior, las indagatorias han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de las empresas, señaladas de encabezar un duopolio en el INE, habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
Los principales proveedores del INE, los hermanos Hernández Casillas han sido señalados por la presidenta Claudia Sheinbaum, de encabezar una red empresarial de corrupción de casi tres décadas, con el uso de empresas fachadas, para simular competencia en licitaciones públicas, con las que obtuvieron contratos por más de 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2013 y 2015, tanto en los organismos públicos electorales locales como en el INE.
Como lo ha venido repitiendo desde días atrás, Sheinbaum reiteró que Taddei llegó como consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora en 2014 con Lorenzo Córdova, como presidente del consejo del INE.
“Yo lo que dije y lo sostengo es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo. Desde mi punto de vista, Guadalupe Taddei de ahí venía, de ese grupo que se fue formando, nombrado por Lorenzo Córdova y después se pudo haber pensado que era una persona honesta, pero resultó que no. Afortunadamente decidió separarse del cargo y lo más importante, como lo he dicho, ahora es que el INE tiene que sanearse, tienen que establecerse, desde mi punto de vista, aunque es un organismo autónomo, lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios, de duopolios que acaben por encarecer la elección y por generar una corrupción que venía de hace tiempo”, declaró Sheinbaum.
Como ya se ha comentado en este espacio y en muchos otros más, Sheinbaum reparte culpas de la corrupción en el INE para tratar de no cargar a Morena con el costo político de imponer a Taddei en el INE con el aval de López Obrador que la consideró una persona honesta y profesional.
Hasta el momento nadie sabe dónde está Guadalupe Taddei, y aunque en varios medios se mencionó su estancia en Arizona, las autoridades de Migración carecen de registro de una posible salida del país de la exconsejera electoral sonorense, y hasta en varias columnas se mencionó que estaba protegida por el gobernador Alfonso Durazo, a quien le cargan la paternidad de su llegada al INE.
Para que no haya dudas de que no hay padrinazgos, llamó la atención la publicación el pasado fin de semana del largo mensaje del gobernador Durazo en redes sociales donde se deslinda de Taddei al condenar la corrupción presente y pasada en el INE, y consideró que la democracia no es un negocio y quien haya lucrado con ella debe responder ante la justicia.
El mandatario estatal respaldó formalmente la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar a cabo una investigación profunda para esclarecer el caso y determinar responsabilidades sin distinciones políticas.
En su posicionamiento, el gobernador Durazo destacó que la presunta estructura de corrupción operaba bajo gobiernos y trayectorias iniciadas en décadas pasadas, por lo que las responsabilidades penales deben tener “nombre y apellido” y aplicarse sin privilegios ni encubrimientos. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
