En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron los decretos por los que entrarán en vigor las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía.
La reforma a la Ley de Amnistía, aprobada en abril por el Congreso, establece que la persona titular del Poder Ejecutivo podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.
Dicha iniciativa amplía las facultades del presidente de la República “para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos“.
El presidente López Obrador aseguró en conferencia de prensa que la reforma permitiría la resolución de casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
LEYAMPARO aMNISTÍA
Por otra parte, la reforma a la Ley de Amparo pretende erogar la facultad excepcional que tienen los juzgadores mexicanos de conceder suspensiones generales a una norma que pudiese tener alguna repercusión social.
Asimismo, agrega que cuando se trate de un juicio de amparo contra alguna inconstitucionalidad de normas generales, “en ningún caso, las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
Esto limita a los jueces conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso mexicano o Congresos estatales.
En el dictamen aprobado se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes” y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
También se subraya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.
Sin embargo, el proyecto acota que “no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro”.
La reforma se da luego de diversas polémicas en las que el Poder Judicial ha frenado políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por considerarlas violatorias a derechos humanos y competencia económica, como es el caso de la reforma energética que originó una lluvia de amparos ante tribunales de todo el país.
