Una de cada tres entidades del país reprueba en servicios penitenciarios estatales debido a que tienen autogobiernos, hacinamiento, falta de custodios y carencias en alimentación, salud o cuidados señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de 2023 realizado por la CNDH, 11 de las 32 entidades del país tuvieron una calificación menor a 6.0, ubicándose en la zona roja en cuanto al funcionamiento de sus cárceles estatales.
Baja California, Puebla, Hidalgo, Sinaloa, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes son los estados reprobados. Mientras que, a nivel estatal, únicamente Querétaro fue calificado con más de 8.0.
La CNDH apunta que las cárceles administradas por las entidades reprobadas no garantizan la integridad ni una estancia digna de las personas privadas de la libertad. También carecen de condiciones de gobernabilidad (grupos de reos administran y controlan el penal por encima de las autoridades), incumplen con el propósito de reinsertar a las y los presos en la sociedad y tampoco ofrecen cuidados a personas con necesidades específicas.
Estas deficiencias, advierte la Comisión, generan incidentes de violencia que van desde intentos de fuga, huelgas de hambre, agresiones; hasta riñas, homicidios, suicidios y motines.
El organismo público autónomo alertó que también existe una posible omisión de los penales en el registro de las incidencias. “Preocupa que la información (de los penales sobre incidentes violentos) no coincide con los eventos que se informan a otras fuentes, y que incluso, se dan a conocer a través de medios de comunicación, lo cual alerta sobre deficiencias o falta de registros oficiales”, subraya el informe.
“Por otra parte, se traduce en una posible omisión en el cumplimiento a las peticiones realizadas a través de las determinaciones y pronunciamientos emitidos por esta Comisión”, agregó.
En el análisis a 281 penales en todo el país, Tabasco fue calificado como el estado con el peor sistema de reinserción social. Las ocho cárceles estatales en esta demarcación poseen una calificación menor a 4.5, y el Centro de Reinserción Social de Comalcalco fue el más deficiente.
Otras de las cárceles con la peor evaluación son Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún, en Quintana Roo; el Centro de Reinserción Social de Jacala, en Hidalgo; y el Centro Penitenciario Distrital de Huejotzingo, en Puebla.
Además de las deficiencias explicadas previamente, estos —y la mayoría de los penales con evaluación reprobatoria— presentan deficiencias en materia de alimentación, higiene, presencia de actividades ilícitas, falta de supervisión por parte del titular del recinto, carencias de servicios de salud y falta de prevención de violaciones a derechos humanos.
El 1 de enero de 2023 el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) 3, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sede de un motín que provocó la muerte de siete personas privadas de la libertad y 10 trabajadores del penal. La CNDH emitió un pronunciamiento al respecto donde acusó que el Cereso no atendió problemáticas como el hacinamiento y sobrepoblación que se habían alertado desde 2016.
A principios de este 2024 el Cereso número 1 La Pila, en San Luis Potosí, fue escenario de motines y crisis de seguridad interna. El 14 de marzo se presentó un motín que provocó la muerte de dos policías y un reo.
Un mes después, familias de las personas privadas de la libertad se manifestaron para exigir que se les notificara sobre el estado de sus familiares.
