El ‘Culiacanazo 2.0’, como ya se le ha dado en llamar a los hechos violentos que ayer paralizaron la capital de Sinaloa tras los enfrentamientos entre autoridades de los tres niveles de gobierno con integrantes del crimen organizado es apenas un episodio más que documenta el poder de los criminales en varias regiones del país.
Simultáneamente a esos hechos, trascendió en redes sociales que también en Michoacán y Zacatecas hubo ‘topones’ entre bandas rivales.
En Culiacán hubo tiroteos durante más de diez horas que dejaron un saldo de al menos 10 muertos. El origen del enfrentamiento, oficialmente fue el ataque de un grupo armado a las fuerzas del orden, que respondieron el fuego y a partir de allí se desató el caos, sobre todo en la zona rural de la capital sinaloense, e inmediatamente comenzaron a circular versiones extraoficiales en el sentido de que en este episodio había sido capturado Iván Archivaldo Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, pero por la tarde esa versión fue desmentida.
A partir de los hechos en que fue ‘extraído’ uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en Culiacán se vivía una tensa calma por eventuales enfrentamientos entre facciones de esa organización criminal que, aseguran, se dividió en varios grupos después de la muerte de María Consuelo Loera López, madre del ‘Chapo’, abuela de ‘Los Chapitos’ y matriarca de la familia. Como telón de fondo aparece una presunta traición de los ‘Chapitos’ para entregar al ‘Mayo’ a autoridades estadunidenses, lo que ha complicado el escenario no solo en Sinaloa, sino allende las fronteras.
El poder de fuego y organización de los criminales ha escalado en los últimos años y prácticamente no hay territorio libre de su accionar en todo el país.
Sonora no es la excepción, aunque esas acciones no han escalado a los niveles que se registran en otras entidades, sin embargo el problema no deja de ser grave porque sigue cobrando vidas inocentes. Recientemente fue atacada una familia que viajaba por la carretera Caborca-Sonoita, resultando dos mujeres muertas; también se tiene que lamentar el asesinato del conocido ganadero Alejandro Morales Aguilar, en un rancho cercano al retén militar instalado en Querobabi.
La Mesa Estatal de Seguridad mantiene operativos permanentes en regiones especialmente conflictivas para atacar este flagelo y en varias ocasiones ha logrado asestar golpes importantes: captura de objetivos prioritarios, decomisos de volúmenes importantes (toneladas) de droga en la zona del desierto de Altar, o el aseguramiento de un impresionante arsenal que incluía más de un millón de cartuchos de diferentes calibres, en Navojoa.
Pero el crimen organizado, se sabe, es una hidra de mil cabezas que, como la mitológica criatura, tiene capacidad para regenerar dos cabezas por cada una que perdía.
Nada menos que ayer, durante un operativo tierra-aire en el que se utilizó incluso un helicóptero Black Hawk, y que forma parte de las acciones que llevan a cabo los tres niveles de gobierno para dar con los presuntos autores del asesinato de Alejandro Morales, se asestó otro fuerte golpe al crimen organizado.
Hombres armados fueron localizados desde el helicóptero, circulando a exceso de velocidad en caminos aledaños al municipio de Pitiquito, y estos abrieron fuego contra la aeronave; fueron perseguidos por tierra por elementos de la Marina y la AMIC.
Allí, en medio del desierto se encontró un predio habilitado como campamento de gente que evidentemente no se dedica a vender estampitas de la virgen, a juzgar por lo que encontraron los agentes del orden.
Vea nomás: 13 vehículos entre ellos uno de los conocidos como ‘monstruos’ (con blindaje artesanal); 20 fusiles de asalto y una pistola, municiones, chalecos antibalas, cargadores y equipo táctico diverso.
Lamentablemente, para cuando llegaron al lugar, los presuntos ocupantes del predio ya habían puesto pies en polvorosa (literalmente, porque en esa zona hay un terregal siempre), dándose a la fuga con rumbo desconocido.
La sociedad sonorense espera que además de los aseguramientos citados, también sea capturados los presuntos criminales; está bien que sus avituallamientos, armas, vehículos y pertrechos sean asegurados porque así se les resta poder de fuego y acción, pero sería más agradecible si los ponen a buen resguardo en alguno de los penales estatales y federales, donde ya no hagan más daño.
El crimen contra el ganadero Alejandro Morales ha desatado una ola de indignación no solo entre el gremio de los rancheros, sino en la sociedad toda, que está exigiendo más y mejores acciones contra esos criminales.
II
En este espacio consignamos la tristeza, el coraje y la decepción que provocó la noticia de que la Conade de Ana Gabriela Guevara había reducido la beca a la arquera sonorense Alejandra Valencia, en un mayúsculo contrasentido después de que esta consiguiera junto a su equipo la medalla de bronce en los pasados juegos olímpicos.
Pues ayer el gobernador Alfonso Durazo salió al quite para entregarle un estímulo de 500 mil pesos que representa más de lo que Conade le otorga a la atleta en un año, en un gesto que hay que reconocer en todo lo que vale, no solo por el monto, sino por lo que representa para la carrera deportiva de Alejandra.
Y es que los logros de la arquera no son, de ninguna manera producto de la casualidad o la suerte: llegar a esos niveles de excelencia deportiva requiere muchísimo sacrificio personal y apoyos de todo tipo por parte de entrenadores, psicólogos, nutriólogos y demás, por lo que estos recursos servirán para continuar con su preparación con miras a futuras competencias en las que seguramente seguirá poniendo en alto el nombre de Sonora.
La atleta, por su parte, agradeció el respaldo y la confianza del gobernador hacia su trabajo, reconociendo el compromiso del gobernador para el desarrollo del deporte en la entidad, que ha quedado de manifiesto con otras políticas públicas en ese sentido, como es el caso de las becas a talentos y prospectos deportivos.
III
Este viernes la titular del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, Beatriz Elena Huerta Urquijo acudirá a la sede del Poder Legislativo para entregar el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2023.
Al filo del mediodía, la doctora se encontrará con las y los legisladores para darles a conocer ese informe del cual seguramente se desprenderán bastantes temas de interés relacionados con la aplicación de los recursos públicos durante el año pasado, tanto del gobierno del estado como de los 72 municipios.
El asunto se torna interesante porque el informe incluye observaciones que los entes públicos deberán solventar en un plazo no mayor de 30 días, y en caso de no hacerlo se emite un pliego de presuntas responsabilidades que deberá conocer la Fiscalía Anticorrupción para proceder con las averiguaciones correspondientes.
Veremos cómo viene este informe y lo que de él se derive.
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