EL PRESIDENTE López Obrador y sus seguidores, insisten en que el Poder Judicial Federal carece de facultades para conocer y juzgar acerca de lo discutido y aprobado en el Senado y en la Cámara de los Diputados.
Y en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar y echar abajo el texto de una reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión, pero sí puede intervenir en el análisis del procedimiento, desde que la iniciativa presidencial llega a las cámaras, hasta su aprobación.
Pero ahora para todos nosotros no es secreto alguno que desde palacio nacional se ha enviado la instrucción de hacer a un lado la Ley y de ahí que siete suspensiones provisionales o definitivas otorgadas por jueces federales en contra de la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial, hayan sido “pateadas” por la maquinaria de MORENA y aliados en la Cámara de Diputados primero y en el Senado después.
Juezas y jueces han otorgado siete suspensiones provisionales o definitivas a solicitud de amparos, porque se considera que pudiera haber violaciones a las garantías individuales en el procedimiento para sacar adelante dicha reforma.
La última de estas suspensiones la otorgó una jueza del estado de Veracruz –Nancy Juárez Salas-, quien ordenó al director del Diario Oficial de la Federación, eliminar la publicación de la reforma judicial, realizada el pasado 15 de septiembre. El amparo fue otorgado “con efectos restitutivos” y solo tendría vigencia el tiempo en que se resolvería el juicio de garantías en forma definitiva.
Las primeras dos suspensiones fueron otorgadas desde el pasado 31 de agosto por los jueces, Martha Magaña López y Felipe Consuelo Soto, del estado de Chiapas, estableciendo además que la reforma aprobada no debería enviarse a las entidades federativas para su ratificación. El día 3 de septiembre, la misma jueza Magaña otorgó una nueva suspensión para frenar provisionalmente la votación y aprobación del dictamen de la multicitada reforma y el día 5 del mismo mes se dio una cuarta suspensión por el juez Francisco Javier García Contreras, que ordenaba al Congreso de la Unión no votar y aprobar la iniciativa.
Antes del amparo concedido por la jueza veracruzana, un Tribunal Colegiado de Colima ordenó la no publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Si se hace referencia exclusivamente al estado de Derecho, la reforma al Poder Judicial Federal promovida por el presidente López Obrador, está viciada de origen.
Entre otros, los artículos 262, fracción III y 267 de la Ley de Amparo, establecen que comete un delito aquella autoridad responsable a la que va dirigida la suspensión provisional o definitiva, en caso de omitir la orden judicial.
Como se señaló en un principio, el Presidente y sus seguidores han insistido en que el Poder Judicial no tiene competencia para conocer de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. La realidad, es que sí puede intervenir, no para reformar el texto aprobado, sino para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad del procedimiento que antecedió a dicha aprobación.
Por lo pronto, ante la desobediencia del Presidente y las y los legisladores de MORENA a estas suspensiones, en su momento tendrán alguna consecuencia. Desde luego, aquí entra el tema del “fuero”, pero hay otros funcionarios –como el director del Diario Oficial- que carece de ese privilegio… Se ha dicho que ante la reforma, la Corte, sus ministras y ministros, las y los magistrados y las y los jueces, serán rebasados por los cambios que también aplicarán en la Ley de Amparo.
Si se sigue estrictamente el camino del texto constitucional y de la Ley de Amparo, en su momento, los actuales integrantes del Poder Judicial Federal conocerán del asunto, porque continuarán en sus cargos hasta mediados del año 2025.
¿Podría ser la mano de EU?
¿SERÁ relevante o no lo será?… La actuación de juezas y jueces para tratar de detener la reforma, se dieron horas después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien estableció el temor de su gobierno ante la posible pérdida de confianza y del estado de Derecho en nuestro país… Absurdo, pero muy coincidente… Y el anuncio ayer de que la DEA había “desclasificado” documentos que involucran a Manuel Bartlett en el asesinato del agente estadounidense encubierto, Enrique Camarena Salazar, llevado a cabo por narcotraficantes hace 40 años, podría ser un aviso de que “la mano del Tio Sam” no descansará hasta sentar en el banquillo de los acusados a todo político bajo la evidencia de haber colaborado con el tráfico de drogas… Bartlett, aún director de la Comisión Federal de Electricidad, era el secretario de Gobernación hace cuatro décadas.
