El Zancudo. Por: Arturo Soto Munguía
En la marcha de ‘galleros’ que llegó al Congreso del Estado ayer por la mañana, venía un contingente bastante alterado, que desde el inicio del mitin dejaron clara una postura irreductible, increparon a grito abierto a uno de los abogados, amenazaron con entrar por la fuerza a la sede del Poder Legislativo y casi lo consiguen dando un ‘portazo’.
Las puertas de aluminio y cristal estuvieron a nada de ceder ante la presión de un pequeño pero bravo grupo de esos manifestantes.
Esgrimen como razones para asumir esas actitudes, que no fueron consultados y que sus fuentes de trabajo están en peligro de desaparecer si se prohíben las peleas de gallos, como lo establece la nueva ley que, sin embargo, fue reformada abriendo un periodo de tres años para que los galleros busquen otra manera de ganarse el sustento, a lo que un grupo de ellos no está dispuesto de ninguna manera y así lo hicieron saber a gritos.
Otra vez se dejaron ver en la manifestación algunos personajes ligados con el padrecismo, y quizá eso explique ciertos recursos propagandísticos que en su momento les aplicaron a ellos los llamados ‘malnacidos’, aquel movimiento contra la tenencia disfrazada.
El nombre de ‘malnacidos’ surgió de una declaración del entonces gobernador Guillermo Padrés diciendo que no era de sonorenses bien nacidos el oponerse a contribuir con el estado vía más impuestos; la agarraron al vuelo y a la siguiente manifestación varios llegaron con sus camisetas luciendo la leyenda ‘Soy Malnacido’.
Ayer, aparecieron varios de los galleros, los más radicales, portando gorras donde se podía leer ‘Soy Rezagado’, en alusión a una declaración del gobernador Alfonso Durazo en el sentido de que “en el estado que pretendemos, con energías limpias, electromovilidad, y otras industrias de avanzada, no se puede convivir con peleas de perros y de gallos; es imposible hacer convivir esos dos extremos, por un lado la vanguardia y por otro lado el rezago”,
Los ánimos se encendieron cuando uno de los abogados tomó el micrófono para plantear que la propuesta de diferir la entrada en vigor de la ley no era tan mala y que tenían tiempo, tres años para buscar alternativas, pero fue callado a gritos. Otro orador también quiso argumentar en ese sentido, recibiendo la rechifla de esa parte de los manifestantes.
La división quedó clara. Se formó una comisión para que entrara a dialogar con los diputados, pero hubo gritos y empujones, llamados al orden y a mantener la manifestación pacífica, pero el enojo de algunos era extremo: “¡si dicen que somos criminales, vamos a portarnos como criminales a la verga!”, gritó uno de ellos mientras se armaba la rebambaramba a las puertas del Congreso, con unos tratando de contener la violencia, y otros empujando para romper las puertas.
Y es que a lo largo de este movimiento han surgido versiones en las redes sociales que sostienen que las peleas de gallos tienen un entorno que da pie a la participación de negocios ilícitos, como las apuestas.
Finalmente entró la comisión, después de Carlos Ernesto Zatarain, el subsecretario de Gobierno que llegó para coadyuvar en las negociaciones, según dijo. Pero la división ya estaba clara: hay un grupo que valida los acuerdos que dieron pie al transitorio que difiere la aplicación de la ley, y otro que no la aceptará bajo ninguna circunstancia.
Esos últimos se fueron rumbo a Palacio de Gobierno, donde avanzaron accidentadamente tumbando unas vallas que rodeaban el edificio en la parte sur y en la poniente.
El punto es que el movimiento se quebró, en un pasaje típico: por un lado el ala negociadora que tiene el consenso de otros grupos sociales integrados en la nutrida comunidad animalera; por el otro, un grupo que, tal y como lo expresaron en la manifestación, ‘no vienen por migajas, sino por todas las canicas’ y que sostienen que la ley debe derogarse por completo.
A la manifestación acudieron galleros de otros estados de la república y de CDMX para apoyar a estos últimos: su posición es que se reconozca y regule la actividad gallera y que se declare como patrimonio cultural de Sonora; si no se logra el reconocimiento estatal, que se permita reconocerla a los cabildos de municipios rurales. Si no se logra lo anterior, solicitamos la abrogación de la ley, sostienen en un comunicado.
Veremos qué pasa.
II
Ya se publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que realiza el INEGI y los datos muestran que en los tres municipios de Sonora en los que se aplica obtuvieron buenos resultados, destacando el caso de Cajeme donde la percepción de inseguridad se redujo sustancialmente en el último año, pasando de 92.3% que tenía en septiembre del año pasado, a 65.4% este año. Es decir, tuvo una reducción del 27%.
La tendencia ha sido sostenida según el estudio demoscópico, y en el último trimestre de este año (junio a septiembre) se redujo en un 15.8%.
Los tres municipios que se miden en Sonora son Cajeme, Nogales y Hermosillo y a juzgar por los datos, la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del estado, en coordinación con autoridades federales y municipales está dando resultados.
En Nogales, por ejemplo, la percepción de inseguridad se redujo de 46.3% a 41.8%, y en la capital, donde después de la jornada electoral del 2 de junio comenzaron a registrarse una serie de eventos de alto impacto que provocaron un ligero incremento del 43 al 48 por ciento en la percepción de inseguridad.
Eso propició que en una estrategia conjunta, el gobierno del estado y el del municipio implementaran el llamado Grupo Operativo Coordinado, que desde hace unos meses se reduzcan los hechos violentos en Hermosillo.
Claro, como suele ocurrir en este delicado tema, aunque haya una tendencia sostenida durante varios meses con baja percepción de inseguridad, un solo hecho de alto impacto incrementa el porcentaje bruscamente, como podría ser el caso del muy reciente ataque a dos agentes municipales, causando la muerte de uno de ellos.
III
Tal y como se lo adelantamos aquí el pasado 13 de octubre, el relevo en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora tiene nombre y apellido. Se trata de Mauricio Ignacio Ibarra Romo, que hoy deberá comparecer ante la Comisión respectiva del Congreso del Estado, como parte del trámite protocolario.
La propuesta viene directamente de Palacio de Gobierno y se presume que está fincada en una añeja relación con el titular del Ejecutivo cuando este fue secretario de Seguridad federal; Mauricio Ibarra se desempeñaba como director del Centro Nacional de Acreditación y Certificación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tiene además otro punto de apoyo: el Oficial Mayor del estado, Franco Gerardo Marcello Fabbri.
La Comisión Anticorrupción está presidida por Ernestina Castro Valenzuela y la integran Sebastián Orduño (PT), Paloma María Terán (PES), Rebeca Irene Silva (NAS), Gabriela Tapia Fonllem (PRD), Gabriela Félix (MC), y María Alicia Gaytán (Morena).
Circuló la versión de que Ibarra Romo ocupó un cargo en Segalmex, la dependencia federal en la que el expresidente AMLO reconoció haberse presentado “el único acto de corrupción en su gobierno”. Eufemismos aparte, el tema seguramente será puesto sobre la mesa este día.
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