CIUDAD DE MÉXICO —
Dos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México presentaron el martes su renuncia, la cual será efectiva a finales de agosto próximo, cuando los nuevos integrantes del máximo tribunal del país sean elegidos por voto popular, tal como lo dispone la controversial reforma judicial que se aprobó el mes pasado.
Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo Rebolledo notificaron su decisión a la presidencia de la Suprema Corte, indicó a The Associated Press una fuente del máximo tribunal que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a hacer declaraciones.
Las renuncias de Gutiérrez Ortiz Mena y Pardo Rebolledo se producen en medio de crecientes rumores de que otros de sus colegas también dimitirían.
Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, no acompañarán al resto de sus colegas y se mantendrán en sus cargos, precisó la fuente.
Esquivel, Ortiz y Batres adelantaron hace unas semanas que participarán en los comicios de junio de 2025 en los que se elegirá a más de 800 jueces, magistrados y miembros de la Corte, tal como lo contempla la reforma judicial que el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó a mediados de septiembre, dos semanas antes de concluir su sexenio. Como parte de la reforma constitucional se redujo de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte.
La controversial reforma fue aprobada en medio de los cuestionamientos de especialistas y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que los cambios pondrían en riesgo la independencia judicial y representarían un duro golpe para el sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular las cortes se llenarán de personas afines al partido gobernante y con poca experiencia y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.
En una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, que se difundió en la red social X, Gutiérrez Ortiz Mena dijo que decidió renunciar y no someterse al proceso de elección porque aunque tiene trayectoria y capacidades que lo califican para la judicatura “no me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular” .
El ministro aclaró que su renuncia “no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma”.
Horas después se dio conocer la misiva que envió Pardo Rebolledo al Senado para anunciar su renuncia al cargo y la decisión de no participar en el proceso electoral. “Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto”, expresó.
Tal como lo prevé la reforma judicial, los ministros deben renunciar antes de que cierre la convocatoria para los candidatos para no perder sus beneficios de retiro.
Así lo ratificó el martes la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que si los miembros de la Corte no renuncian ahora “entonces ya no tendrían los haberes de retiro”. “Es un montón de dinero”, agregó.
La dimisión de Gutiérrez Ortiz Mena y Pardo Rebolledo se da luego de meses de pugna entre el gobierno federal y la mayoría de los ministros, quienes apoyaron la huelga que realizaron miles de jueces y empleados de los tribunales contra la reforma judicial.
La batalla contra la polémica reforma llegó a la Corte, donde jueces y partidos opositores presentaron impugnaciones para tratar de detenerla.
El máximo tribunal dio a conocer la víspera un proyecto de sentencia que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara, el cual plantea la invalidación parcial de la reforma para impedir que los jueces y magistrados sean votados, pero que permite la elección popular de ministros. El proyecto será discutido el 5 de noviembre en la Corte.
Antes de la reforma, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia eran elegidos por el Senado y los jueces y magistrados de los tribunales eran nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
Para blindar la reforma judicial, el oficialismo impulsó un nuevo cambio en la Constitución para impedir que los tribunales puedan detenerla. Se tiene previsto que la iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados.
