La delincuencia y el crimen organizado representan un costo del 7% de las ventas anuales para las empresas, porcentaje que aumenta más cuando se trata de narcotráfico, ya que repercute en la estabilidad macroeconómica, desigualdad y Estado de derecho, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero en México se agrava la situación porque las redes criminales están profundamente involucradas en la extorsión, y las grandes rentas provienen del tráfico de drogas cuya actividad se va adaptando a la evolución de la demanda, lo que se refleja más recientemente en un aumento sustancial de las exportaciones de fentanilo.
Sin embargo, la mayoría de las empresas no informan la presencia de pandillas en su propio vecindario, lo que indica los costos económicos del crimen organizado pueden ser mayores, sobre todo para las de menor tamaño, cuyo costo de los delitos puede ser cuatro o cinco veces más.
Así lo revela un nuevo análisis titulado “Delitos violentos e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica”, en el que se concluye que los homicidios aumentan cuando un país se ve afectado por un crecimiento negativo, una inflación elevada o un empeoramiento de las diferencias entre pobres y ricos.
Señala que el hallazgo de una fuerte presencia del crimen organizado cerca de la Ciudad de México contrasta con los mapas tradicionales que tienden a indicar una mayor concentración en los estados fronterizos con Estados Unidos, que se enfocan en el tráfico de drogas y homicidios.
No obstante, según el documento, las formas de crimen organizado centradas en la extorsión de las empresas pueden tener una distribución diferente en México que las del crimen organizado concentradas en lugares estratégicos, como los corredores de tránsito.
Es probable que la impunidad facilite las operaciones de los grupos criminales, ya que solo uno de cada cinco casos se denuncia ante la policía en México, se puntualiza.
Se hace ver que, en aproximadamente dos tercios de los casos no denunciados, la razón refleja la falta de confianza, y las tasas de denuncia son incluso más bajas entre los encuestados que creen que la policía es corrupta en nuestro país.
La confianza en el poder judicial también es baja debida a la capacidad del crimen organizado para debilitar e infiltrarse en el aparato de seguridad y judicial, refuerza estas dinámicas.
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