Ciudad de México.- Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos provocará un incremento de la carga tributaria y pérdida de competitividad del sector minero, acusaron especialistas.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes la Ley Federal de Derechos, que incrementa el derecho especial minero de 7.5 a 8.5 por ciento y el derecho extraordinario de 0.5 a 1.0 por ciento para el próximo año.
Esta medida provocará que la industria minera en México pague cerca de 50 mil millones de pesos al Gobierno federal por impuestos y derechos, aseguró José Jesús Rodríguez, analistas fiscal y ex presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.”Este cambio tiene por objeto reforzar la recaudación fiscal al considerar los minerales como recursos no renovables y de dominio público.
“México ya es uno de los países con mayor carga fiscal para actividades mineras en América, y este cambio podría afectar la competitividad del País frente a otros actores”, afirmó Rodríguez.
Además, podrían complicar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues la medida puede interpretarse como proteccionista o contraria a los principios de libre comercio, generando tensiones con Estados Unidos y Canadá.
Este cambio fiscal se sumaría a las recientes modificaciones que impiden las actividades mineras a cielo abierto, lo que ha generado incertidumbre y limitar el crecimiento del sector a largo plazo, alertó.
El especialista expuso que los incrementos a los derechos podrían impactar en los costos operativos y reducir los márgenes de utilidad de las empresas, lo que puede desincentivar inversiones en un mediano a largo plazo.
La Cámara Minera de México (Camimex) manifestó recientemente que las modificaciones podrían desincentivar inversiones por alrededor de 7 mil millones de dólares, aseguró.
Gonzalo Monroy, especialista en energía, sostuvo que el incremento al derecho minero responde a que Hacienda busca reducir el déficit fiscal.
“El tema del déficit está moviendo muchos temas para tener balanceados los números”, dijo.
El analista lamentó que a la industria minera se le impongan más impuestos y regulaciones, sobre todo en las actividades a cielo abierto, y que se le cuestione por el cuidado al medio ambiente.
Añadió que en el tema de transición energética, la industria minera parece no tener peso en estas actividades, pues el Estado se encarga de ser garante de esas actividades.
“La transición energética va de la mano del Estado. Eso nos hubiera llevado a explorar temas como el litio y los elementos de la cadena”, agregó Monroy.
REFORMA buscó a la Camimex para conocer su postura sobre el tema sin obtener respuesta.
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