El sector patronal advirtió que la intromisión del Senado de la República en el proceso de selección de jueces representa una violación flagrante a la Constitución y a la independencia judicial.
Añadió que esta interferencia puede derivar en la subordinación del Poder Judicial a intereses partidistas, lo que compromete su autonomía y el principio de separación de poderes.
“La reforma al Poder Judicial atenta contra la independencia judicial, socava la certeza jurídica y debilita el Estado de Derechos en México. La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular abre la puerta a la politización de la justicia, comprometiendo la imparcialidad en la impartición de justicia y generando un clima de desconfianza que impacta negativamente la inversión y el crecimiento económico del País”, subrayó.
Recalcó que permitir esta injerencia sentaría un peligroso precedente que vulnera el Estado de Derecho y afecta la confianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones.
Por otro lado, Coparmex añadió que la interferencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en este proceso es igualmente alarmante.
“Su decisión de validar la intervención del Senado en la selección de jueces contradice el Artículo 49 de la Constitución, que establece con claridad la división de poderes y prohíbe la concentración de facultades en un solo órgano. Al asumir un rol que no le corresponde, el Tribunal ha permitido una distorsión institucional que compromete la independencia judicial y genera un precedente negativo para futuros procesos judiciales”, comentó la Confederación.
Estas acciones, abundó, no solo debilitan la autonomía del Poder Judicial, sino que también generan incertidumbre jurídica, lo que desalienta la inversión y frena el desarrollo económico del País.
“Sin un sistema de justicia sólido e independiente, no es posible garantizar la seguridad jurídica que requieren las empresas para operar y crecer”, manifestó.
Coparmex dijo que será observadora del proceso electoral para documentar, describir, testificar y señalar los aciertos y errores de lo que será la primera elección de personas juzgadoras a nivel federal y de juzgadores a nivel local en 17 entidades federativas.
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