Hermosillo, Sonora.- El Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, abordó dos temas de interés público, ofreciendo claridad sobre su relación profesional pasada con un mando naval investigado y presentando los resultados concretos en la recuperación de fondos públicos en el caso Cecop. En primer lugar, el fiscal se deslindó de cualquier vínculo personal con el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz.
Dicho nombre ha aparecido en reportes de medios nacionales relacionado con una presunta red de contrabando de combustible. Salas Chávez precisó que su interacción con el capitán Solano se limitó estrictamente al ámbito laboral hace aproximadamente una década, durante su gestión en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)
El capitán Solano, junto con otros elementos de la Secretaría de Marina, estaba comisionado en áreas de Inteligencia Naval. Coincidimos en dos momentos de manera profesional, pero no existe ningún tipo de vínculo personal ni relación posterior”, enfatizó el fiscal para disipar cualquier especulación.
Aclaró que, en aquel entonces, Solano ya formaba parte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), y que sus trayectorias profesionales tomaron rumbos distintos tras su renuncia a la Seido, por lo que no tiene más comentarios sobre la situación actual del marino.
En un tema distinto, referente a la lucha contra la corrupción en el estado, Salas Chávez informó sobre los avances significativos en el caso del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop). Detalló que, de un daño patrimonial originalmente estimado en 106 millones de pesos, se ha logrado la recuperación de 64 millones. Estos fondos, producto de procesos judiciales y gestiones con la Secretaría de Hacienda estatal, ya han sido reintegrados a las arcas públicas.
Sobre el estatus legal de los implicados, confirmó que una mujer, esposa de un exfuncionario prófugo, permanece vinculada a proceso por peculado. Además, se ha ampliado la acción penal en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, al no poder acreditar el origen de recursos adicionales detectados en sus cuentas. El fiscal se{aló que, si bien se mantiene activa una orden de aprehensión contra el exfuncionario prófugo y los procesos judiciales continúan, “lo importante es que el daño patrimonial está siendo resarcido en beneficio del estado”.
