Hermosillo, Sonora; 18 de septiembre de 2025.– Con el firme compromiso de fortalecer los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y comunidades indígenas de Sonora, la diputada Deni Gastélum Barreras propuso reformar la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, con el objetivo de garantizar una protección más efectiva frente a la violencia familiar.
La iniciativa plantea sustituir el término de “violencia doméstica” por “violencia familiar”, al considerar que este último abarca de manera más integral las diversas formas de agresión que pueden ocurrir en entornos privados y dentro del ámbito familiar.
Además, se propone eliminar prácticas como la mediación o el avenimiento en casos de violencia familiar dentro de comunidades indígenas, ya que históricamente han colocado a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad. En su lugar, se plantea un marco de actuación que respete los derechos humanos y asegure la intervención inmediata y coordinada entre autoridades tradicionales e instituciones del Estado.
“La figura de la mediación, tal como se practicaba anteriormente, ha caído en desuso y se ha abandonado la imposición de medidas de avenimiento que puedan poner en desventaja a las víctimas. En su lugar, se ha adoptado un enfoque de judicialización donde los actos de violencia son investigados y sancionados penalmente. Además, se implementan medidas cautelares diseñadas para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad”, resaltó.
La reforma propuesta al artículo 68 establece que, en casos donde se vulnere la integridad de mujeres, niñas o niños indígenas, las autoridades tradicionales deberán intervenir de oficio con medidas de protección e informar de inmediato al Ministerio Público cuando existan indicios de un posible delito.
Asimismo, las acciones de atención, prevención y sanción deberán desarrollarse en coordinación con el estado y bajo principios de interseccionalidad, interculturalidad y enfoque diferenciado.
La diputada Gastélum destacó que esta reforma está alineada con los estándares establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, el Convenio 169 de la OIT y las leyes nacionales, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que expresamente prohíben los mecanismos conciliatorios en casos de violencia familiar.
