Gisel Galeano García, la Procuradora Fiscal de la Federación, presentó en tres años 59 denuncias por más de 54 mil 698 millones de pesos, reiteró que es un fenómeno vivo y son la “maquinaria del fraude”. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tan solo en 2025 detectaron un fraude al fisco por 5 mil 600 millones de pesos mediante esos esquemas e hicieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.
El año pasado se redujo a 10 mil millones, en 2023 por más de 21 mil millones de pesos y en 2022 se defraudó por 17 mil millones de pesos.
De acuerdo con los datos de la dependencia, que se creó en el 2014, al cierre de agosto pasado las factureras ya sumaban un total de 11 mil 028 registros.
En 2020, el SAT reveló operaciones simuladas por 93 mil millones con un daño fiscal por más de 55 mil millones de pesos. Estas cifras equivalen a los presupuestos completos de los estados de la República.
”Cifras que pudieron ser hospitales, carreteras, universidades y becas. La propuesta de reforma es contundente entonces. Negar el registro a empresas vinculadas con factureras”, dijo la titular.
Resaltó la importancia de suspender la facturación apócrifa de inmediato, el ampliar la restricción de sellos digitales, establecer visitas domiciliarias eficaces y obligar a reparar el daño al erario.
“No pretendemos endurecer sanciones y ser ejemplares en su imposición. Lo que pretendemos de fondo es garantizar que nunca más la Hacienda Pública será saqueada a través de simulaciones. La reforma al Código Fiscal no es una reforma fiscal. Establece un andamiaje jurídico robusto. Se faculta al SAT para negar la inscripción en el RFC a empresas cuyos socios estén vinculadas con redes fraudulentas. Se obliga a que cada factura ampare operaciones existentes, verdaderas y reales”, advirtió.
