Las políticas industriales pueden contribuir al impulso de la producción nacional, pero también representar un costo fiscal considerable para los países en un contexto de elevado endeudamiento y finanzas públicas limitadas, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo estableció en el capítulo 3 titulado Política industrial: gestión de compensaciones para promover el crecimiento y la resiliencia, contenido en el informe de Expectativas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés) que el organismo adelantó este viernes previo a su publicación completa en el marco de las reuniones anuales que realiza junto con el Banco Mundial cada año en otoño.
Se condiciona que la eficacia de una política industrial se da también en función de las características específicas del sector, que pueden ser difíciles de determinar con anticipación. Además, se advierte, presentan contrapartidas.
En el análisis se muestra que la deslocalización de la producción en un sector estratégico podría generar un aumento de los precios al consumidor durante un período prolongado.
Incluso alerta que cuando los resultados sectoriales son positivos, la política industrial puede generar efectos secundarios negativos intersectoriales y reducir la productividad general al desviar recursos de forma ineficiente de sectores no prioritarios.
De ahí que se hace énfasis en que una política industrial eficaz requiere una focalización e implementación cuidadosas, instituciones sólidas, reformas estructurales complementarias y una política macroeconómica sólida.
Para los expertos del organismo que preside Kristalina Georgieva, encargados del capítulo analítico, los países recurren cada vez más a la política industrial para reestructurar sus economías mediante el apoyo a sectores y empresas estratégicos.
Mencionan que entre las motivaciones se incluyen el impulso a la productividad, la reducción de la dependencia de las importaciones, en especial en el sector energético, y el aumento de la resiliencia.
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