En San Felipe, Baja California, a una madre buscadora le asesinaron a su nieto; mientras que en Playas de Rosarito a otra activista le dejaron un cuerpo desmembrado frente a su casa. Ambas advirtieron a las autoridades de las amenazas y pidieron ser integradas al mecanismo de protección, sólo recibieron un botón de emergencia descompuesto y rondines no cumplidos.
Líderes de colectivos integrados por familiares que buscan personas desaparecidas advirtieron que las amenazas y los ataques contra los activistas aumentaron en los últimos años.
Señalaron que, a pesar de que advirtieron a los gobiernos local y federal sobre las agresiones, no se han planeado medidas efectivas para proteger su integridad.
Recordaron que en febrero de 2024 la presidenta del Colectivo de Búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, Angelita Meraz León, fue asesinada en Tecate; meses antes reportó amenazas y fue integrada al mecanismo de protección local con un botón de pánico, monitoreo y rondines.
Cinco días después de que abrió su salón de belleza la asesinaron.
EL CASO DE DOÑA PATRICIA
“Yo no busco empatía, lo que busco es justicia, primero por mi hijo y ahora por mi nieto”, expresa Patricia Orozco, buscadora del único colectivo en San Felipe, y abuela de Abel Roberto Guzmán, joven de 18 años asesinado el 8 de septiembre pasado.
“Desde mayo me amenazaron y me tuve que ir. Apenas regresé, después de meses, y me mataron a mi muchacho. Me han matado dos veces, cuando se llevaron a mi hijo, y ahora, a mi nieto”, dice la mujer.
En mayo pasado Patricia denunció que recibía amenazas de muerte contra ella y su familia; entonces pidió ser agregada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el cual decidió analizar el nivel de riesgo, y mientras tanto, le otorgaron un botón de pánico y coordinaron rondines.
Ante la falta de seguridad y vigilancia, Patricia suspendió los operativos de búsqueda y se fue del estado. Desde el lugar donde se ocultó durante cuatro meses confirmó que los rondines duraron un mes y consistieron en visitas fuera de su casa. Policías locales tomaban una fotografía de la vivienda y se retiraban sin buscarla.
El 2 de septiembre regresó a San Felipe porque las amenazas habían parado y ella necesitaba trabajar para mantener a su hija. Seis días después, el 8 de septiembre, hombres armados mataron a su nieto a unas calles de su casa.
