Mis Bolas Ríspidas Por David Parra
El gobierno de Sonora impulsa tres presas en la cuenca del Río Sonora con la intención expresa de garantizar agua para Hermosillo, ante una reciente consulta ciudadana que pone en entredicho la legitimidad de su eventual construcción. Expertos, comunidades y técnicos coinciden en que el problema no es de escasez, sino de gestión y confianza.
El discurso oficial promete futuro y sustentabilidad, pero detrás del Plan Hídrico Sonora se advierte un conflicto que plantea opacidad, desconfianza social y decisiones políticas tomadas sin un diálogo reconocido como franco, razonable y honesto.
Las presas Puerta del Sol, Sinoquipe y Las Chivas —con una inversión estimada de siete mil millones de pesos— se presentan como la solución de largo plazo para el abasto de agua para Hermosillo. Sin embargo, los expertos advierten un desfase en la resolución de acciones hasta hoy desestimadas o ignoradas como para irse directamente a realizar este proyecto antes de agotarlas.
El pasado fin de semana, pobladores y activistas de la cuenca del Río Sonora realizaron una consulta ciudadana no oficial. De acuerdo con los organizadores, más del noventa por ciento de los votos fue en contra del proyecto. En comunidades como Guadalupe de Úres, Rancho San Pedro y Sinoquipe, el rechazo fue casi unánime. No hubo supervisión del INE ni aval de la Conagua; tampoco actas formales ni padrón certificado. Pero el mensaje político fue inequívoco: la gente no confía en el gobierno ni en las promesas de que estas obras no serán perjudiciales para sus intereses.
Del lado oficial, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, insiste en que se realizará una consulta formal coordinada con el INE y la Conagua mientras se aprovecha del tema para dar señales de vida electorera. Mientras tanto, funcionarios del estado visitan ejidos y comunidades para “socializar” el proyecto, sin embargo, no se ha dado a conocer ningún protocolo metodológico ni reglas claras de interacción con los afectados, salvo por la sospecha que se busca presionar a empadronados y beneficiarios de algún programa de gobierno y feligresía cuatrotera.
Lo que sí se ha documentado son reuniones informativas sin garantías de imparcialidad, donde los representantes gubernamentales hablan de beneficios omitiendo los impactos que tendría en la vida de las comunidades este proyecto.
Especialistas como Nicolás Pineda Pablos, del Colegio de Sonora, sostienen que antes de invertir miles de millones en nuevas presas, el gobierno debe enfrentar su verdadera crisis: la ineficiencia estructural del sistema. Afirma que Hermosillo pierde más del 50 % del agua que distribuye por fugas, falta de medición y mala gestión. Señala que antes de invertir en nuevas presas, debe invertirse en obras de captación y administración de aguas de lluvias, “No falta agua, se desperdicia”, resume. Otros, como Reyna Castro Longoria, alertan sobre el riesgo ambiental y social de obras que aún no cuentan con estudios integrales ni consulta ambiental pública.
De una solución truncada por la necedad y rivalidad regional, nada se dice: El Ramal Norte fue concebido como la obra que completaría el sistema hidráulico de Hermosillo: una línea de distribución capaz de reforzar el abasto, equilibrar presiones y dar seguridad operativa a la ciudad. Su avance, de apenas una quinta parte, quedó en pausa hace más de una década, pasándole factura a los habitantes del sector norte que hoy sufren las consecuencias de esta canallada política del movimiento “No al Novillo” impulsada y capitalizada entonces por el PRI en la elección de 2015.
Retomar el proyecto, con planeación y estándares actuales, podría representar la solución más inmediata y menos costosa para estabilizar el suministro en el norte de la ciudad, rescatando una infraestructura que ya existe, con sentido técnico y aprovechamiento racional de los recursos.
El Ramal Norte fue una buena idea que se detuvo antes de probar su valor. Hoy, cuando el debate sobre las presas divide a la región, convendría voltear hacia esa obra suspendida como ejemplo de lo que sí puede hacerse bien.
Por otra parte, a once años del derrame de Grupo México en los que el gobierno se ha quedado corto, sordo, mudo y opaz, los Comités de Cuenca del Río Sonora recuerdan que la región no ha recibido reparación ambiental efectiva ni mitigación confiable. En ese contexto, hablar de nuevas represas suena menos a una planificación razonada y más a una imposición hasta producto de una trompicada improvisación.
En realidad, lo que está en entredicho no es sólo el acceso al agua, sino la confianza. El gobierno de Sonora busca legitimidad a través de una consulta cuyo alcance nadie ha definido, mientras las comunidades defienden el derecho a decidir sobre su territorio. No es un conflicto técnico, es político.
Para César Lagarda, experto reconocido en la materia, es correcta la construcción de estas presas en términos de administración y regulación de flujos para lograr un abasto permanente.
También prevalece la postura de los anteriores mencionados en administrar con transparencia el agua que ya tenemos: reparar fugas, medir consumos, recuperar confianza, captación eficiente de agua de lluvias. Sin esos pasos, cualquier consulta —oficial o comunitaria— será apenas otro intento de justificar una decisión tomada de antemano, esperemos sin rituales ridículos como pedirle perdón a la madre tierra y en estas al Dios Tláloc, si no es que a Neptuno.
Hay que decir que en el fondo, el río Sonora no sólo arrastra sed y metales pesados: arrastra la evidencia de un gobierno que no escucha, y de un pueblo que aprendió, por fin, a decirle que no porque ya ha visto su verdadero rostro, el de la indolencia, burla y abandono.
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