El Gobierno de México expresó su rechazo ante la decisión del Congreso de Perú de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que dicha medida se basa en afirmaciones falsas. En un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la concesión de asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez Chino fue otorgada conforme al derecho internacional vigente y de manera plenamente legítima para ambas naciones.
La cancillería destacó que, de acuerdo con la Asamblea General de la ONU, el asilo político es un acto de carácter pacífico y humanitario que no debe interpretarse como un gesto hostil hacia otro Estado. Asimismo, el Gobierno mexicano negó categóricamente cualquier tipo de intervención en los asuntos internos de Perú, señalando que su política exterior se rige por principios de respeto, autodeterminación y tradición diplomática sólida.
El pronunciamiento surge tras la resolución del Congreso peruano, que aprobó con 63 votos a favor la declaración contra Sheinbaum. El Parlamento acusó a la mandataria mexicana de interferir en los asuntos internos del país y de haber ofendido al sistema democrático peruano, al criticar a los gobiernos que sucedieron al expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva por su intento fallido de golpe de Estado en 2022.
La medida también se relaciona con el apoyo que México ha mostrado hacia Castillo y su entorno político. Previamente, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ya había propuesto declarar persona non grata a Sheinbaum por reunirse con el abogado argentino Guido Croxatto —defensor de Castillo a nivel internacional— y manifestar reiteradamente su respaldo al exmandatario.
El lunes pasado, el Gobierno mexicano confirmó que Betssy Chávez se encontraba refugiada en su embajada en Lima y que se le había concedido asilo político frente al proceso judicial en su contra, en el que la Fiscalía peruana solicita 25 años de prisión para ella y 34 para Castillo. Tras ello, Perú anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, las cuales ya estaban debilitadas desde 2023 debido a que el Gobierno mexicano no reconocía la legitimidad de Dina Boluarte como presidenta, tras la destitución y arresto de Castillo.
