Ciudad de México.- Al advertir sobre la trayectoria ascendente del endeudamiento público, la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (Cijuf), aseveró que México requiere una reforma fiscal “profunda y urgente” para garantizar un desarrollo sostenible y prosperidad compartida.
En un pronunciamiento en el marco de la reciente aprobación del Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados y su debate en el Senado, la Cijuf advirtió que el endeudamiento público ya alcanza 52.3 por ciento del PIB, mientras el gasto en salud se mantiene en apenas 2.6 por ciento del PIB, lejos del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Comisión, integrada por economistas y especialistas como Gerardo Esquivel, Nora Lustig y Jorge Chávez Presa, insiste en que México necesita una reforma fiscal progresiva que aumente la recaudación, fortalezca los impuestos a la riqueza y garantice una distribución más justa de los recursos.
“Consideramos que México necesita una hacienda pública sólida, donde la recaudación tributaria y otros ingresos recurrentes permitan erradicar la pobreza extrema, garantizar acceso universal a la protección social e invertir en infraestructura que brinde servicios públicos de calidad, sin depender de endeudamiento insostenible.
“Después de analizar el Paquete Económico 2026, insistimos en que el sistema fiscal mexicano requiere una reforma profunda y urgente para garantizar un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida”, indicó en su pronunciamiento titulado “La deuda crece, la equidad no aparece: hora de una reforma fiscal”.
Dimensionó que la trayectoria ascendente del endeudamiento público ya amenaza la sostenibilidad fiscal; según cifras oficiales, el tamaño de la deuda pasó de 43.3 por ciento del PIB en 2019 a 52.3 por ciento en 2025, un aumento de 9 puntos porcentuales en solo seis años.
Advirtió que la rigidez presupuestaria limita gravemente la capacidad de maniobra del Estado, pues alrededor del 80 por ciento del gasto neto total se destina a pensiones, servicio de la deuda, transferencias federales y empresas públicas, dejando un margen muy reducido para gasto en salud, infraestructura y cuidados.
“En particular, los apoyos a Pemex -380 mil millones de pesos hasta septiembre de 2025 y 263 mil millones previstos para 2026- reducen los recursos disponibles para sectores sociales estratégicos y retrasan la transición energética.
“Esta rigidez presupuestaria se refleja en bajos niveles de gasto social fundamental. El presupuesto en salud en 2026 apenas representará el 2.6 por ciento del PIB, lejos del 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto ocurre en un contexto en el que el gasto de bolsillo creció 40 por ciento entre 2018 y 2024”, expuso la Comisión.
Por el lado de los ingresos, añadió, la recaudación tributaria ascenderá únicamente a 15.1 por ciento del PIB, una de las tasas más bajas entre países de ingreso medio.Además, se prevé que este bajo nivel de recaudación se mantenga estancado en el mediano plazo.
“Es impostergable implementar una reforma fiscal progresiva: debemos ampliar la base tributaria, fortalecer los impuestos a la propiedad, ambientales y a la riqueza, y asegurar un manejo eficiente y transparente de los recursos.
“Postergar esta reforma aumentará el riesgo de ajustes fiscales severos y dificultará financiar la inversión pública esencial y el gasto para atender las legítimas y crecientes demandas sociales”, finalizó.
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