Hermosillo, Sonora; 2 de diciembre de 2025.- Con el propósito de reforzar la protección legal frente a los delitos sexuales, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez propone reformar el Código Penal estatal para fortalecer el tipo penal de abuso sexual y garantizar una protección efectiva para mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad, asegurando sanciones más claras y medidas de prevención, así como la reparación integral del daño.
En su exposición de motivos, la diputada señaló que hablar de los derechos de las mujeres “no es solo hablar de estadísticas y leyes, sino del impacto en miles de vidas”. Recordó que, a pesar de los avances históricos en materia de igualdad, incluida la llegada de la primera Presidenta de México, persisten situaciones de violencia sexual que evidencian la urgencia de reformas integrales.
La legisladora destacó que hechos recientes, en los que incluso figuras públicas han sido víctimas de agresiones sexuales en espacios abiertos, muestran que “si le puede ocurrir a la máxima dirigente del país, imaginemos lo que enfrentan las mujeres en nuestras comunidades”.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, la tasa de delitos sexuales contra mujeres alcanzó los 4,160 casos por cada 100 mil habitantes, cifra similar a la registrada en años anteriores. De cada delito sexual cometido contra un hombre, ocho son cometidos contra mujeres.
Asimismo, la iniciativa recupera criterios de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que la violencia sexual puede constituir tortura y que la impunidad perpetúa su normalización.
La diputada explicó que se propone definir con mayor claridad el delito de abuso sexual, incluyendo tocamientos, roces, exhibiciones y cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento; precisar que no existe consentimiento cuando hay violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, vulnerabilidad o autoridad.
Además, se establece que el silencio o la falta de resistencia no equivalen a consentimiento; se aumentan las penas de tres a ocho años de prisión y una multa de 2,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), e incluyen nuevas agravantes, como la relación de confianza, la función de servidor público, el ejercicio profesional, la orientación sexual o identidad de género de la víctima, o el estado de embarazo; se incorporan talleres reeducativos con perspectiva de género y la prestación de servicio social para fomentar medidas de no repetición.
También se contempla la reparación integral del daño, con atención psicológica especializada, y se garantiza que este delito se persiga de oficio.
“Se aumentará la sanción correspondiente hasta en dos terceras partes en su mínima como en su máxima parte cuando la víctima se encuentre bajo los efectos del alcohol, fármacos o sustancias que afecten su voluntad o discernimiento”, resaltó.
La diputada Gaytán Sánchez afirmó que esta iniciativa se alinea con los compromisos internacionales del Estado mexicano, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, así como con la reciente reforma al artículo cuarto constitucional, que fortalece el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia y a la igualdad sustantiva.
El proyecto de decreto ya fue turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis, discusión y dictaminación.
