Expresiones. Por: Gaspar Navarro Ruíz
Las protestas de agricultores, campesinos y transportistas por falta de apoyo federal, por la inseguridad y por las reformas a la Ley de Aguas Nacionales impactan en varios estados, incluido Sonora donde se registraron en días pasados bloqueos carreteros por parte de productores de Sinaloa y Baja California, y este miércoles volvieron a la carga los agricultores foráneos para tomar la garita de Agua Prieta y de San Luis Río Colorado.
Al igual que las manifestaciones anteriores, por acuerdos con el gobernador Alfonso Durazo los agricultores de Sonora se mantuvieron al margen en los bloqueos carreteros que se realizaron a nivel nacional en protesta por la Ley de Aguas Nacionales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este miércoles, un grupo de agricultores de Baja California liberaron el tráfico en la caseta del puente Río Colorado, por lo que los vehículos pasaron sin pagar la cuota regular, y amenazan con permanecer con esa manifestación hasta que tengan información acerca del resultado de la votación de la Ley de Aguas que se analizaba en el Congreso de la Unión.
De igual forma, productores de Chihuahua se manifestaron con maquinaria agrícola la tarde de este miércoles en la garita de Agua Prieta, bloqueando el transporte de carga y automovilistas, dejando libre el tránsito peatonal, para protestar por la Ley de Aguas que se analizaba para su aprobación en el Poder Legislativo federal.
Los productores del campo consideran que la Ley de Aguas Nacionales pone en riesgo la producción y a la actividad al pretender condicionar las concesiones de agua y sus renovaciones, así como limitar el abasto del líquido basados en criterios de disponibilidad, además de limitar las transferencias de agua y regular los títulos de concesión.
Desde el anuncio del Plan Hídrico Nacional el gobierno federal proyectó la reconversión de cultivos a nivel nacional para ahorrar agua en la producción agrícola a fin de privilegiar el uso para el consumo humano. De hecho, ya es un derecho constitucional privilegiar el agua para consumo humano.
Ahora, con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, el gobierno federal pretende regular el uso del agua en el campo para evitar derroches ancestrales, sino también imponer nuevas reglas en el abasto para la industria y el sector minero donde prevalecen los excesos.
En el caso de los agricultores, fue muy sonado el caso de la oposición de los productores y de la sociedad si no mal recuerdo en Mexicali para evitar que la poca agua existente en ese municipio y en general en Baja California fuera destinada para abastecer a la fábrica de producción de cerveza Constellation Brands, por lo cual fue vetada por López Obrador, por lo que la compañía extranjera destinó parte de la fallida inversión para aplicarla en la expansión de su compañía en Cajeme, donde los inversionistas fueron recibidos con los brazos abiertos por los agrotitanes, advirtiendo que el abasto de agua sería mínimo y no representaba un riesgo para la producción de alimentos en el Valle del Yaqui. Desde luego, los agrotitanes amarraron con la cervecera la compra cosechas de cebada y otros ingredientes para producir el líquido ambarino.
En Hermosillo, el caso más ilustrativo sería el de la Planta Ford, a la cual el gobierno estatal y federal para garantizar la millonaria inversión le autorizaron los derechos de extracción de agua de varios pozos, millones de metros cúbicos que destinaría para su sistema de enfriamiento. Desconozco si la Ford sigue con ese sistema.
Ya entrados en gastos con Hermosillo, hay que recordar que en la Costa de Hermosillo casi no hay agua porque los mantos acuíferos están sobreexplotados debido a que los productores derrochaban el agua en siembras que requerían mucho líquido y por la salinización de los pozos, por lo que muchos agricultores abandonaron las siembras pero conservaron los derechos de agua, por lo que fue más rentable vender el agua al Ayuntamiento de Hermosillo que utilizarla en sus cultivos, como sucedió en el 2006 con el gobierno municipal de María Dolores del Río, al comprar a los productores los derechos de extracción de agua en la zona de Los Bagotes para enviarla a la ciudad a través de un acueducto para combatir la sequía y tratar de acabar con los tandeos de agua en las colonias de la capital, lo cual persiste hasta nuestros días aportando el 30 por ciento de agua para el consumo de los hermosillenses. Obvio, fue y al parecer sigue siendo un negociazo para los agricultores de la Costa de Hermosillo el vender derechos de extracción de agua, de pozos que en realidad son propiedad de la nación o del gobierno federal, lo cual ahora ese lucro con aguas nacionales estará penado hasta con 10 años de prisión.
Otro ejemplo de derroches de agua en Sonora, sería el del Grupo México con la minera de Cananea o Buenavista del Cobre, empresa que es acusada por pequeños productores agrícolas de acaparar y desviar el agua de los ríos y acuíferos para sus operaciones mineras en la región de Bacoachi y la cuenca del Río Sonora.
El colmo fue en el rancho “Pozo Nuevo” del entonces gobernador Guillermo Padrés, quien se apropió del agua de la sierra al construir una presa para garantizar el agua a su ganado y plantíos, afectando a los productores de la región, siendo descubierto y denunciado por autoridades federales de Conagua, Profepa, Semarnat, por lo que mandó demoler la cortina de la presa para soltar el agua.
Sobre ese hecho, Google señala: “La presa en el Rancho Pozo Nuevo de Padrés, apodada “El Titanic”, fue una presa hidráulica construida a finales de 2011 y principios de 2012 en el rancho del entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. La construcción generó controversia, ya que se realizó presuntamente sin permisos de la Conagua ni la manifestación de impacto ambiental requerida. Se estima que tenía capacidad para almacenar 4 millones de metros cúbicos de agua y, tras el escándalo, su estructura fue demolida”.
La nueva Ley de Aguas es muy clara en castigar el ilegal acaparamiento o desvío del agua de ríos y acuíferos.
Advierte la nueva legislación que se impondrán hasta 10 años de prisión “a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o pongan en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de sus ecosistemas vitales”.
Por lo anterior, dice el gobierno federal a través de la Conagua que las reformas o la nueva Ley de Aguas Nacionales busca entre otras muchas cosas más acabar con la sobreexplotación del agua y su acaparamiento y todas las prácticas abusivas.
“Vamos a terminar con el mercado negro para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías, para que quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio ya no puedan hacerlo más”, señala la Conagua. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
