Hermosillo, Sonora; 11 de diciembre de 2025.- Con un firme compromiso con las causas sociales y en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación, la diputada María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia propuso incorporar las tarifas sociales al marco jurídico estatal, con el propósito de proteger a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un modelo de gobierno verdaderamente humanista.
La iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal, y fue turnada a la Comisión de Bienestar Social para su estudio y posterior dictaminación.
La legisladora destacó que esta propuesta busca poner orden donde históricamente ha habido discrecionalidad, pues durante décadas los apoyos y subsidios para personas vulnerables dependieron de decisiones aisladas o temporales. Con esta reforma, explicó, Sonora pasará de los apoyos coyunturales a derechos plenamente reconocidos en la ley.
Espinoza Tapia enfatizó que la iniciativa se sustenta en el artículo primero constitucional, que establece la obligación del estado de garantizar el goce progresivo de los derechos humanos, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconocen el acceso universal a servicios básicos como elemento esencial del bienestar.
“Las tarifas sociales materializan el derecho al desarrollo social ya reconocido en la legislación vigente, pues actualmente carece de mecanismos específicos para hacerse efectivo. Este tipo de políticas no solo fortalecen los principios de equidad y universalidad contenidos en la ley, sino que también inciden directamente en la reducción de la pobreza multidimensional, ya que el acceso a servicios básicos constituye un indicador fundamental en la medición de carencias sociales por parte de instituciones oficiales”, afirmó la diputada.
La propuesta establece el derecho explícito a recibir tarifas sociales en servicios públicos estatales y municipales; la obligación de que municipios y gobierno estatal incluyan, detallen y transparenten estos subsidios en sus leyes de ingresos; la creación de reglas de operación claras, evitando la discrecionalidad y garantizando orden, planeación y transparencia; así como la facultad para que el Poder Ejecutivo otorgue apoyos presupuestados que compensen dichos subsidios.
La diputada recordó que municipios como Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme ya aplican descuentos, tarifas cero y apoyos especiales, lo que demuestra la factibilidad de aplicar esquemas de tarifas sociales. Añadió que su incorporción a la ley permitiría homogeneizar criterios, dar sustento jurídico y evitar la discrecionalidad en su otorgamiento.
Reiteró que, con esta reforma, Sonora dará un paso adelante para homologar criterios, reforzar el federalismo social y colocar a las personas vulnerables en el centro de las políticas públicas.
