La investigación que dio origen a este proceso fue desarrollada con base en facultades constitucionales del Ministerio Público, y sustentada en datos de prueba suficientes, pertinentes y obtenidos como parte de una metodología, mismos que fueron valorados por un Juez de Control, quien resolvió dictar auto de vinculación a proceso.
Las manifestaciones defensivas del imputado forman parte de una estrategia que entendemos es producto de su desesperación, pero deberán ser planteadas, acreditadas y debatidas exclusivamente ante la autoridad judicial competente, dentro del marco del debido proceso. Esta Fiscalía no trasladará la discusión jurídica a otros espacios.
En cuanto a la teoría del caso, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen elementos objetivos que permiten atribuir una probable responsabilidad penal derivada de actos realizados durante el ejercicio del cargo público, cuya trascendencia y efectos jurídicos no se agotan con la separación formal del mismo, aspecto que será dilucidado en sede judicial.
Con respecto a la empresa involucrada, ya se cuenta con la vinculación del representante legal y se continuará actuando conforme avancen los tiempos procesales y se consoliden los datos de prueba correspondientes.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora reitera que su actuación es técnica, autónoma y ajena a cualquier interés político o mediático. Las resoluciones que validan esta investigación no emanan de declaraciones públicas, sino de determinaciones judiciales.
