Sin Medias Tintas. Omar Alí López Herrera.
La Auditoría Superior de la Federación es, en teoría, el último dique antes de que el dinero público se pierda en la maraña de la impunidad administrativa. El otrora respeto que se le tenían a las auditorías hoy es como notas musicales de corrupción de una pésima orquesta y conductor.
Los informes anuales de la ASF son hoy una bitácora del naufragio, porque las cifras se acumulan, los montos crecen y las responsabilidades rara vez llegan a judicializarse. De 2019 a 2024, los números nos hablan sin eufemismos: decenas de miles de millones de pesos no aclarados, en el país que hizo de la austeridad su consigna política.
El dato no es menor ni aislado. Tan solo en la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó irregularidades por más de ¡64 mil millones de pesos! No fue un error contable ni de una discusión técnica sobre criterios de registro, sino recursos públicos cuyo destino no pudo acreditarse. Apenas unos cuantos cientos de millones fueron recuperados y el resto quedó en los “pendientes de aclarar”.
Detrás de esa expresión elegante, casi diplomática, se esconde una realidad cruda: Fue dinero que salió del erario sin que exista evidencia suficiente de que se usó para lo que fue autorizado.
El patrón se repitió en la Cuenta Pública 2023, pues la ASF identificó más de ¡51 mil millones de pesos! por aclarar. El grueso de las irregularidades se concentra, año tras año, en el gasto federalizado ejercido por estados y municipios: salud, educación e infraestructura social. Fondos que deberían impactar directamente en la vida cotidiana de millones de personas terminan atrapados en expedientes incompletos, contratos mal integrados o, en el peor de los casos, en simulaciones administrativas.
El contraste entre el discurso político y los resultados de la fiscalización es imposible de ignorar. Mientras nos dicen que el combate a la corrupción es una realidad, los informes de la ASF muestran una persistencia estructural del mal uso del dinero público. Las irregularidades se detectan año con año, bajo nuevas reglas, nuevos programas y nuevas prioridades presupuestales. Cambian los nombres de los fondos y los responsables, pero el problema permanece.
Particularmente revelador es el comportamiento de los montos observados en los últimos años del sexenio anterior. En 2024, año de elecciones y el último ejercicio completo que me tocó revisar, la ASF identificó más de cinco mil millones de pesos pendientes de aclarar, con una abrumadora mayoría a gobiernos estatales y municipales. Curioso, ¿verdad?
Si sumamos todos los millones, no se trata de una anomalía menor. Son hospitales y carreteras que no se construyeron, insumos médicos que no llegaron y aulas que nunca se crearon o equiparon.
La ASF puede promover denuncias penales y procedimientos administrativos, pero todos sabemos que la corrupción del pasado solo cambió de años. Al final, el resultado es una peligrosa normalización del desorden financiero.
Los informes de la ASF evidencian una cultura administrativa donde la rendición de cuentas es la excepción y no la regla. Los miles de millones perdidos representan oportunidades igualmente perdidas en un país con profundas carencias. Cada peso sin justificar se convierte en un símbolo más de la distancia entre el poder público y la ciudadanía.
La pregunta que se queda en el aire es: ¿qué sigue después del informe? Y mientras la respuesta siga siendo el silencio institucional, la ASF continuará escribiendo la misma historia, pero con distintas cifras. Y el país quedará resignado a que la irregularidad sea parte del paisaje y no una anomalía que debe corregirse.
