El gobierno de México solicitará explicaciones a Estados Unidos tras un reportaje del New York Times que documentó el uso en México de municiones militares fabricadas para el ejército estadounidense y vinculadas con cárteles del narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la solicitud de una explicación formal luego de que una investigación periodística reveló que municiones fabricadas para el ejército estadounidense terminaron en manos de organizaciones criminales que operan en territorio mexicano.
Sheinbaum dijo que su administración revisó el reportaje difundido por The New York Times para establecer cómo armas de uso exclusivo militar cruzaron la frontera y llegaron a grupos delictivos que enfrentan a fuerzas de seguridad mexicanas.
La investigación, desarrollada junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, documentó que municiones calibre .50 fabricadas en la planta Lake City, propiedad del gobierno estadounidense, circularon en el mercado civil y posteriormente llegaron a México.
Lake City Army Ammunition Plant, ubicada en Misuri, ha abastecido históricamente al ejército de Estados Unidos, aunque parte de su producción ingresó al mercado comercial bajo esquemas operados por contratistas privados vinculados al Pentágono.
De acuerdo con datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, desde 2012 autoridades estadounidenses decomisaron más de cuarenta mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos, con una proporción significativa atribuida a la planta Lake City.
Investigadores localizaron casquillos de esa procedencia en hechos de alto impacto como el ataque armado en Villa Unión, Coahuila, y en emboscadas registradas en Michoacán contra policías estatales, donde murieron agentes y civiles.
Sheinbaum sostuvo que el tema formará parte del diálogo bilateral en materia de seguridad, con énfasis en el control de armas y municiones, al considerar que la cooperación debe incluir responsabilidades compartidas y trazabilidad efectiva del armamento.
Mientras el gobierno estadounidense defendió la venta comercial de estas municiones como un ahorro presupuestal, los costos humanos se concentraron en comunidades mexicanas afectadas por ataques armados de estilo militar.
El contraste se profundizó tras la decisión del presidente Donald Trump de clasificar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, pese a que esas mismas estructuras accedieron a municiones fabricadas para su propio ejército
