Por David Parra
La desaparición y posterior hallazgo de los mineros en Concordia, Sinaloa, no es un hecho aislado en un país identificado mundialmente por la violencia y las fosas clandestinas. Lo que vuelve a este caso particularmente revelador no es el crimen en sí, sino la doble velocidad, el nivel y la visibilidad de la respuesta institucional que finalmente se activó luego de sus características resistencias.
Durante los primeros días, la reacción local fue limitada. No es una novedad: en muchas regiones del país, la desaparición de personas inicia con silencios administrativos, respuestas fragmentadas y dilatorias o trámites que se engorronan mientras las familias padecen una búsqueda sin respuestas que casi siempre las rebasa.
En Concordia, sin embargo, el escenario cambió cuando el caso escaló más allá de lo doméstico al no poder contenerse por tratarse de trabajadores de una empresa trasnacional que hoy es también denunciada por compañeros que trabajaban con ellos que atestiguan su negligencia ante amenazas directas por parte de la delincuencia que buscaban detener los procesos de exploración minera en la región, ya sea por quedarse con los denuncios o por impedir su instalación.
Vizsla Silver Corp, la compañía minera en cuestión, introdujo el factor que suele marcar la diferencia para que el aparato de simulación de justicia se active con su desgano distintivo e intento de control de narrativas, al reclamar que si bien no eran extranjeros los trabajadores levantados, si eran sus empleados, seguramente viendo venir la denuncia interna y por la inusual visibilización mediática de los familiares.
De pronto, la desaparición dejó de ser un expediente más y se convirtió en un asunto con implicaciones internacionales, económicas y de presión multifactorial. A partir de ese momento, la respuesta federal fue visible, coordinada y eficaz en términos operativos, aunque devastadora en su resultado.
Este contraste expuso nuevamente al estado en los destinatarios de su compromiso, poniendo en perspectiva su actuar frente a miles de casos que no reciben el mismo trato, la misma urgencia ni la misma cobertura, o que llegan a un tope en la cadena de responsabilidades y complicidades, como en el caso de Teuchitlán por citar algo reciente. Ahí no había intereses extranjeros a los cuales responder y el aparato de procuración de injusticia se ha activado en su máxima expresión.
Pero no todo es tan simple. Un protagonista ya recurrente ante el vacío institucional vuelve a aparecer en escena: el papel de los colectivos de búsqueda vuelve a ser central.
Organizaciones como Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. habían señalado previamente el predio del hallazgo al delimitar zonas de riesgo, había señalado las omisiones en sus denuncias y compartió el aviso de la ubicación de los cuerpos con el que no le quedó más remedio a las autoridades que movilizarse junto con ellas.
Oficialmente se enfatiza en que las buscadoras no realizaron el hallazgo pericial, lo cual tiene sentido por carecer de condiciones para internarse en zona controlada por la delincuencia, pero sí cumplieron una función que el estado se rehúsa a institucionalizar: detectar, investigar y dar seguimiento. Su participación recuerda que la búsqueda en México sigue dependiendo más de la perseverancia de las familias que de un sistema que se pone en evidencia con su escandalosa abulia e irresponsabilidad.
El contexto en el que ocurre este caso tampoco es menor. Sinaloa es un estado donde la violencia estructural y el control territorial del crimen organizado han normalizado lo que cada vez menos excepcional en México. El gobierno estatal, inexplicada e inaceptablemente aún encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya es una burla para los sinaloenses y un mensaje alarmante para todos los mexicanos.
Su papel en la descomposición de la paz narca y sus consecuencias a un año y medio de distancia en la ruptura de los equilibrios narco políticos tradicionales, hasta entonces orgullo de la entidad tomatera, le colocan como cómplice y le ligan directamente con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, sin que esto para la fiscalía federal suponga un caso relevante, a diferencia de lo ocurrido en Tequila o Tabasco, ya ni siquiera para lavarle la cara al régimen de los abrazos a la madre de uno de los criminales más feroces en este país.
En ese escenario, la intervención federal, al igual que en Tequila, Jalisco, responde a una premisa muy lejana al compromiso del pacto social de proteger y servir a la ciudadanía mexicana a la que en teoría serviría en primera instancia, optando como ya es bonita tradición malinchista por reaccionar cuando se tocan intereses de corporaciones extranjeras con influencia suficiente para ser atendidas.
Concordia deja así una nueva muestra de lo que el pueblo bueno y sabio representa para sus autoridades, que va más allá de sus víctimas: en México, la justicia parece activarse a distintas velocidades. No todas las desapariciones pesan igual, no todas generan la misma urgencia y no todas cruzan el umbral que obliga al estado a actuar con contundencia.
La pregunta de fondo no es si hubo respuesta, sino por qué tuvo que existir presión internacional, mediática y social para que esta llegara.
Mientras esa respuesta dependa de quien se trate y no de un principio de igualdad ante la ley, casos como el de Concordia seguirán siendo la excepción visible de una tragedia cotidiana por demás visible pero lamentablemente normalizada por una sociedad aún incapaz en su generalidad de identificar a sus verdaderos opresores.
@dparra001
