Sin Medias Tintas. Omar Alí López Herrera.
Por momentos, nuestro país parece condenado a aceptar versiones oficiales que no resisten el menor análisis lógico. El asesinato de los mineros en Sinaloa es uno de esos episodios donde la narrativa del gobierno no sólo resulta insuficiente, sino hasta ofensiva. Decir que fueron ejecutados porque “los confundieron” es algo más que una explicación pobre. Es una burla abierta, una coartada discursiva al viejo estilo del poder que se decía —y dice— distinto.
El oficialismo ha hecho del lenguaje su principal trinchera, insisto. No gobierna con resultados, sino con relatos. Y cuando la realidad se impone —cuerpos hallados en fosas clandestinas, familias rotas y comunidades aterrorizadas— aparece el comodín retórico de que no fue lo que parece. En este caso, el Estado nos pide creer que un grupo armado privó de la libertad, retuvo durante días y finalmente asesinó a trabajadores mineros por un simple error de identidad. Como si el crimen organizado operara bajo esquemas de torpeza espontánea y no mediante inteligencia criminal, control territorial y mensajes de poder. Por eso se llama organizado, ¡caramba!
La versión oficial no explica nada esencial. No explica por qué fueron levantados; no explica por qué fueron ejecutados; no explica por qué nadie los rescató; y, sobre todo, no explica por qué el Estado volvió a llegar tarde, como siempre, a la escena del crimen. La palabra “confusión” no es una causa, sino una cortina de humo.
El crimen no actúa al azar en zonas como Uruapan o Concordia. Allí manda quien controla rutas, economías ilegales y también actividades lícitas. Negar ese contexto es negar la realidad, y presentar a los mineros como víctimas accidentales de una guerra ajena es despolitizar la violencia y exculpar al Estado de su obligación elemental de garantizar la vida de todos los ciudadanos. El gobierno abdica de su responsabilidad cuando reduce una masacre a un malentendido. ¿O yo estoy mal?
No es casual que el caso involucre a una empresa extranjera ni que ocurra en territorio históricamente disputado por los cárteles de esos lugares; denuncias hay de sobra. Y tampoco es casual que la respuesta oficial evite hablar de la extorsión, el control criminal de regiones productivas o de la colusión por omisión. Como se ve, la “confusión” le sirve entonces al Estado para no nombrar lo que le incomoda.
La transformación prometió romper con las mentiras del pasado, pero ha perfeccionado la mentira moral; la más sofisticada. Porque no niega los hechos; los vacía de significado. Es decir, reconoce los muertos, pero les quita contexto, y ofrece pésames, pero no justicia. Y mientras tanto, la violencia se normaliza, se administra y se vuelve estadística.
Decir que estos mineros murieron por una confusión es insultar su memoria y la inteligencia pública. Confusión es equivocarte del día en que estás o enviar un mensaje de Whatsapp al grupo incorrecto.
Nuestro gobierno trata a la sociedad como si fuera menor de edad. Y esto es, en el fondo, admitir que ha perdido el control, pero sin tener el valor político de decirlo.
En ese silencio maquillado de explicación está el verdadero fracaso de esta transformación a la que estamos sometidos, porque no sólo no pudo pacificar al país, sino que ahora pretende que aceptemos la barbarie como un error involuntario.
Como lo dije antes y lo reitero: el problema no es que el poder nos mienta; el problema es cuando cree que ya nadie se da cuenta. Y en Sinaloa, entre fosas, excusas y discursos, otra vez la verdad vuelve a ser la principal víctima.
