Por Ing. Héctor Castro Gallegos
Nos dicen que es una reforma para ahorrar. Que es eficiencia.
Que es modernización. Pero cuando uno lee entre líneas entiende que no se trata de un simple ajuste administrativo: es una cirugía mayor al sistema político.
Y toda cirugía implica poder, dirección y consecuencias. Nada se corta sin alterar el equilibrio del cuerpo democrático. Reducir el Senado, eliminar espacios de representación proporcional, fortalecer la lógica mayoritaria… puede sonar a simplificación institucional.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿menos representación significa más democracia o menos voces? Cuando se reducen los mecanismos que permiten a minorías ideológicas, regionales o generacionales acceder al Congreso, también se estrecha la pluralidad que equilibra al poder. El discurso del ahorro es atractivo en un país cansado de excesos burocráticos.
Recortes profundos al aparato electoral, eliminación de áreas, reducción de estructuras permanentes. Pero debilitar al árbitro nunca es una decisión neutra.
Un árbitro más pequeño no necesariamente es más eficiente; puede ser más frágil, más susceptible a presiones, más dependiente de quien gobierna. Hay un punto que entusiasma: permitir que personas de 18 años puedan aspirar al Senado.
Es un símbolo potente. Derriba una barrera histórica. Sin embargo, abrir la puerta no garantiza igualdad en la competencia.
Si el sistema sigue diseñado para concentrar poder en estructuras consolidadas, la juventud podrá participar, pero no necesariamente decidir. Reducir el financiamiento público a partidos parece un golpe a la vieja política.
Pero la experiencia comparada advierte un riesgo claro: cuando baja el dinero público, aumenta la influencia del dinero privado.
Y el poder económico rara vez renuncia a incidir. Una política aparentemente más barata puede terminar siendo más costosa en términos de independencia. La prohibición de propaganda contaminante es un avance necesario.
La democracia no debe degradar el espacio público ni el entorno natural para promocionarse.
Pero el ambientalismo electoral no puede ser una capa superficial si en el fondo se concentran decisiones estratégicas. La ampliación de la consulta popular abre posibilidades participativas. La inclusión constitucional de la diáspora reconoce una deuda histórica. Son señales positivas.
Pero el núcleo del debate permanece: ¿esta reforma amplía el poder ciudadano o lo reorganiza? La arquitectura electoral define quién decide, cómo decide y bajo qué reglas. Por eso no admite indiferencia.
La democracia no se protege con consignas técnicas, sino con conciencia crítica. Y nuestra generación ya no acepta explicaciones paternalistas. Queremos entender, cuestionar y participar.
El futuro no se administra. Se disputa.
