Aunque Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, ya fue abatido, el imperio criminal transnacional que construyó aun sigue vigente no solo con sus operadores financieros y jefes de plaza, sino también con sus comandos elite, células operativas, grupo de choque y ejércitos, armados con mercancía que proviene de las armerías de Texas y Arizona.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes de inteligencia, tiene ganancias estimadas en 10 mil millones de dólares anuales, consolidado como el principal monopolio de fentanilo y metanfetamina hacia el mercado estadounidense.
Con ese caudal millonario resulta paradójico que la organización solo invierte el 1 por ciento de sus ingresos para blindar a sus integrantes con fusiles de asalto AR-15, AK47, Cuerno de Chivo, escuadras y hasta rifles de francotirador Barret, capaces de perforar blindajes vehiculares y derribar aeronaves.
Con esa fracción mínima de su economía, las células de choque del CJNG compran en tiendas minoristas estadounidenses, arsenales de grado militar a precio de civil. Es un gasto operativo mas que mínimo, que les garantiza el control territorial absoluto, la capacidad de fuego para desafiar abiertamente al Estado mexicano y la imposición de extorsiones a la economía legal.
Como daño colateral de éste consentimiento, México absorbe el costo en sangre y desgaste institucional, Estados Unidos se reserva pronunciamientos ante un negocio corporativo que opera a plena luz del día.
La economía del CJNG: Ganancias de billones, gasto de millones
En su estructura financiera, las armas estadounidenses no son una mercancía de reventa; son la infraestructura operativa básica, el “medio de producción” más barato y letal que sostiene todo su modelo de negocios.
Los números exponen la magnitud de la indiferencia en la frontera. De acuerdo con las evaluaciones de inteligencia de la Administración de Control de Drogas de EUA (DEA) en su National Drug Threat Assessment (NDTA), el CJNG domina las redes de distribución en los 50 estados de la Unión Americana. Este control del mercado de drogas sintéticas le inyecta a la organización ingresos brutos que rondan los 10 mil millones de dólares cada año.
Frente a esa inmensa acumulación de capital, el costo de armar a su “Grupo Élite” y a sus plazas regionales es estadísticamente insignificante. Destinar apenas el 1 por ciento de sus ganancias anuales (100 millones de dólares) le sobra al Cártel Jalisco para vaciar los inventarios de las armerías en la frontera sur de Estados Unidos.
La matemática es devastadora, pues blindar sus laboratorios de fentanilo, aniquilar cárteles rivales y sostener ejércitos privados equipados con tecnología táctica de punta, le cuesta al CJNG centavos por cada dólar que ingresa.
Este flujo de armamento no es producto de sofisticadas redes de contrabando internacional militar; es una operación comercial minorista tolerada por las leyes estadounidenses.
Documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calculan que más de medio millón de armas cruzan ilegalmente a México cada año, de las cuales una cuota mayoritaria termina directamente en las manos del CJNG debido a su enorme liquidez financiera.
El armamento se adquiere en tiendas de armas legalmente establecidas mediante la figura de la “compra de paja” (straw purchase).
El CJNG financia a ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales para que entren a una armería en Texas o Arizona y compren docenas de fusiles en una sola transacción.
El vendedor sabe perfectamente que un civil promedio no tiene ninguna necesidad de adquirir diez rifles de francotirador en una tarde, pero procesan la venta porque el sistema se los permite. No hay filtros reales, solo una transacción comercial que engrosa las arcas de la tienda y abastece la violencia en Jalisco, Michoacán o Zacatecas.
El catálogo que el CJNG importa sin obstáculos está diseñado para la guerra. Sus compras comprenden rifles de francotirador Barrett M82, la herramienta predilecta del Cártel Jalisco para perforar blindajes vehiculares y atacar helicópteros oficiales.
Fusiles estilo AR-15 y AK-47, que constituyen el arma de cargo obligatoria en los convoyes del CJNG. La pistola FN Five-seveN, conocida en México como la “mata policías”, indispensable para sus anillos de seguridad por su capacidad para penetrar chalecos de Kevlar.
Ceguera de CBP y las pruebas de la ATF
La negligencia de Estados Unidos para detener este flujo que empodera al CJNG está auditada por sus propios órganos de gobierno. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) invierte miles de millones de dólares en tecnología de rayos X y sensores para revisar los vehículos que transitan de sur a norte buscando fentanilo. Sin embargo, las revisiones en los carriles que corren de norte a sur —por donde cruzan las armas y los dólares en efectivo del Cártel Jalisco— son estadísticamente nulas.
Esta ceguera aduanera intencional se detalla en el informe gubernamental Report to Congressional Requesters: Firearms Trafficking to Mexico (GAO-21-322), emitido por la Government Accountability Office (GAO). El documento exhibe la ineficacia operativa de las agencias estadounidenses para frenar el contrabando armamentista saliente.
Las pruebas más contundentes del origen del fuego provienen de la propia Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EUA (ATF). A través del sistema eTrace y su National Firearms Commerce and Tracking Assessment (NFCTA), el Departamento de Justicia estadounidense confirma que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en México fueron fabricadas o importadas legalmente en Estados Unidos.
El Estado de aquel país no solo omite vigilar su frontera; legisla para garantizar la impunidad de quienes arman al Cártel Jalisco.
En 2005, el Congreso aprobó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), otorgando inmunidad civil a fabricantes y distribuidores, impidiendo que rindan cuentas cuando sus fusiles son usados en masacres.
Este blindaje legal es el blanco de la histórica Demanda Civil (Caso No. 1:21-cv-11269-FDS) interpuesta por el Gobierno de México en la Corte de Distrito de Massachusetts contra corporaciones como Smith & Wesson, Barrett, Colt y Glock. El expediente acusa formalmente a estas empresas de negligencia intencional y complicidad activa en el derramamiento de sangre, documentando cómo sus prácticas de distribución alimentan directamente a estructuras como el CJNG.
Para México, el costo de este mercado desregulado es incalculable. Con una inversión mínima del 1 por ciento de sus 10 mil millones de dólares, el Cártel Jalisco no solo protege sus rutas de drogas, sino que utiliza ese poder de fuego estadounidense para diversificarse hacia la extorsión sistémica.
Es el terror infundido por los rifles AR-15 lo que les permite cobrar derecho de piso a la exportación de aguacate, las empacadoras de limón y el sector minero.
Estados Unidos emite fichas de recompensa, exige extradiciones y presiona para frenar el fentanilo que mata a sus ciudadanos. Pero mientras mantenga sus armerías sin supervisión y una aduana completamente ciega hacia el sur, seguirá siendo el proveedor logístico insustituible del crimen organizado.
