Por David Parra
En México desde hace ya décadas los viciados partidos políticos no compiten para representar los segmentos sociales con base en alguna ideología, sino para administrar su propia supervivencia.
El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México son una expresión nítida en este momento de esa lógica en la que se ven presionados para elegir entre una sumisión suicida o una rebeldía regresiva.
Ambas son organizaciones partidistas cuya prioridad no es la democracia, ni las causas que presumen a la vez que traicionan, sino la preservación de un modelo que les garantiza acceso al dinero público, posiciones legislativas y capacidad de negociación con el poder en turno. Su defensa del actual sistema electoral no responde a convicciones democráticas, sino a la necesidad de proteger un esquema que les permite existir sin representar algo real.
La historia de estas organizaciones explica mucho. El PT, ordeñado durante más de tres décadas por Alberto Anaya Gutiérrez y su pandilla, ha sobrevivido con votaciones marginales gracias al sistema de representación proporcional.
El Verde, dirigido por figuras como Karen Castrejón Trujillo y operado políticamente por personajes como Manuel Velasco Coello, franquicia propiedad de la familia Gozalez, ha perfeccionado el arte de cambiar de aliado según convenga: del Partido Revolucionario Institucional al bloque gobernante encabezado por Movimiento Regeneración Nacional pasando por todos los demás partidos en diversidad de entuertos. En cada ciclo electoral repiten el mismo método: alianzas pragmáticas, acceso a prerrogativas y presencia legislativa asegurada. No necesitan ganar elecciones; les basta con administrar el sistema.
El problema es que esa lógica también ha contaminado la selección de candidaturas. En los últimos procesos electorales han surgido denuncias recurrentes sobre aspirantes vinculados a redes criminales o con antecedentes judiciales graves.
Frente a ello, especialistas y organizaciones civiles han planteado una medida lógica: sancionar a los partidos que postulen candidatos ligados a la delincuencia, incluso con la cancelación de su registro.
Pero ahí aparece la verdadera naturaleza de estos fariseos políticos. Tanto el PT como el PVEM, en complicidad con Morena, han mostrado una resistencia abierta a que se establezca una responsabilidad institucional por las candidaturas que promueven. Prefieren un sistema donde, en el peor de los casos, se retire una candidatura individual, pero el partido continúe intacto, cobrando financiamiento y conservando su espacio en el Congreso.
La postura resulta reveladora. Si un partido realmente creyera en la integridad democrática, debería ser el primero en exigir sanciones severas contra quien utilice la política como vehículo de infiltración criminal. Sin embargo, para estas pandillas políticas la prioridad es otra: evitar cualquier regla que ponga en riesgo su registro o su acceso a recursos y poder públicos. Es una defensa corporativa, no democrática. El miedo no es al crimen organizado; el miedo es a perder el negocio político.
Por eso resulta hasta cómico su discurso cuando se presentan como defensores de la democracia. Durante sus mejores años anquilosados al poder han votado reformas cuestionadas, presupuestos polémicos y decisiones legislativas que han debilitado contrapesos institucionales. Han sido piezas útiles para construir hasta con métodos mafiosos mayorías parlamentarias espurias y apuntalar proyectos de poder, sin importar el costo institucional. Hoy, cuando se discuten mecanismos para fortalecer la integridad del sistema electoral, reaccionan con la misma lógica que los ha definido siempre: preservar privilegios en un país de pobreza y violencia desbordantes.
La paradoja es evidente. Los partidos que más han aprovechado las grietas del sistema son los que hoy se erigen como guardianes de sus reglas. Pero la discusión pública empieza a cambiar. El sistema electoral mexicano necesita una reforma profunda, es en buena medida porque partidos como el PT y el Verde lo han convertido en un mecanismo de supervivencia política, no en un instrumento de representación democrática.
Más allá del torpe debate incluso de la reducción presupuestal a los partidos con la que juegan estos parásitos electoreros, lo que debemos discutir un esquema es el cómo retirarles el financiamiento público, una vez rebasada la razón de mantenerles que era la intromisión de intereses perversos con financiamiento de dudosa procedencia, que en el caso que nos ocupa ha sido documentado aparte de por demás evidente, con casos como el del huachicol fiscal y de municipios como Tequila.
Tan artero, absurdo e inmoral resulta este atraco vestido de financiamiento público, que tan sólo este 2026 alcanza cerca de los ocho mil millones de pesos a cambio de humo, donde morena se lleva cerca de tres mil millones que no llegan a seguridad, educación o salud, renglones todos ellos precarios en la administración actual.
La premisa social debe ser, NI UN PESO MÁS PARA LOS PARTIDOS, lo cual es posible creando un sistema de financiamiento propio bajo reglas de auditoria severas y efectivas. Completamente viable en un país por demás traicionado por toda la partidocracia que le mal gobierna desde hace décadas y no terminamos de mantener y consentir.
ByTheWay
… “Adán el camaján, sigue en el ojo del huracán” mientras huye en el senado de la prensa preguntera para subirse a un paradójico taxi Tsuru rosa, cuando se le cuestiona su designación como coordinador de circunscripción de morena mientras es acusado de haber sido financiado como corcholacra por la barredora.
El honorable senador López Hernández es un zombie político que no quiere enterarse que está muerto y que el Dr. Pejestein de Macuspana va que vuela para la buchaca del escudo de la Américas. No descarte usted misiles amigos.
… Se hacen llamar mexicanos al grito de paz por medio de la cuenta en X de @mexicanosgritan y han desplegado una campaña por avenidas principales de la cdmx colgando mantas espectaculares en pasos peatonales elevados con la imagen de cuatro personajes del oficialismo que para muchos mexicanos representan, menos para la fiscal Godoy, vínculos indiscutibles con la delincuencia: Mario Delgado, Américo Villarreal, Andrés Manuel López Beltrán y Jesús Ramírez cuevas.
Este colectivo surge en la coyuntura de la reforma electoral y una de las causas que promueve es la erradicación de los criminales en los procesos electorales: ¿Será mucho pedir? Parece que sí.
@dparra001
